La gestión del agua en México ha cerrado la llave a miles de ciudadanos que padecen escasez, pero ha potenciado el flujo del líquido a concesionarios que, a pesar de apegarse al abasto con el que se cuenta, son centenares y han llegado a hacer un uso coercitivo de su cesión, razón por la que especialistas y activistas pugnan por una nueva ley de aguas, soterrada en la agenda legislativa.
La sobreconcesión es un problema histórico que, tras la sequía extrema y el cambio climático, ha tensado el ambiente tanto el norte del país como en estados sureños, donde organizaciones civiles aseguran que hay un ejercicio abusivo.
“El problema del país sí es muy grave, y es que hay un exceso de concesiones y no es culpa ni de esta administración ni de la mía, si no es una cuestión histórica, los gobiernos han otorgado concesiones fuera de una normatividad de estudios técnicos. Tenemos más agua de papel que disponibilidad real de agua en cuencas acuíferas”, dijo a MILENIO José Luis Luege Tamargo, ex director de la Comisión Nacional del Agua (2006-2012).
Los especialistas también coinciden en que la práctica del reparto de aguas rebasa las capacidades del suministro de agua en el país, el cual depende del sistema climático, y añaden que desde administraciones federales pasadas se han dejado de lado los derechos humanos para privilegiar intereses económicos.
“Ha habido una dinámica de sobreconcesioramiento impulsada desde la Ley de Aguas Nacionales, que es la ley obsoleta que aún nos rige, que se ha dedicado ha buscar no solamente poner el agua en el mercado sino especular con ella y por eso tenemos muchas zonas que están concesionadas”, asevero Pedro Moctezuma Barragán, doctor en Planeación y Desarrollo por la Universidad de Liverpool y coordinador del programa de Coordinación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Y ante las condiciones de sequía, la falta de agua y la cesión de agua a concesionarios la administración actual de la Conagua asegura que se reparte de acuerdo a los volúmenes que se manejan en ese momento, aunque aseguran que es necesario hacer más eficiente el uso y reconocen que hay pendiente una reforma legislativa que aún están trabajando.
“La concesión lo que te maneja es un volumen máximo pero en la misma concesión dice que ese problema no está garantizado, sino depende de las condiciones hidroclimatológicas que se vayan presentado”, detalló Rafael González, subgerente de Gestión de Proyectos de Conagua.
Sin embrago, Moctezuma Barragán considera que el panorama no mejorará hasta que haya paso a una nueva ley de aguas, que además, asegura, se ha trabajo de manera legítima desde la sociedad civil hace más de 8 años, pero está trabada en el Congreso de la Unión.
En QRoo, cierra la llave a la población
La señora Candy Ruíz, habitante de Cancún, Quintana Roo, lleva sin el servicio de agua potable, sin la instalación adecuada, pero con una deuda que se incrementa mes con mes sin alguien que pueda apoyarla.
Todo inició cuando su esposo enfermó dos meses después que firmara un convenio con la empresa Aguakan, una concesionaria que opera los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los municipios de Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres, Solidaridad (Playa del Carmen) y Puerto Morelos, y así se mantendrá hasta diciembre de 2053, según lo convenido.
La señora Ruíz asegura que no pudo continuar pagando con lo estipulado, debido a la enfermedad de su esposo. El precio del servicio era el consumo más 2 mil pesos por la instalación que había prometido Aguakan; sin embargo, tras el atraso en sus pagos no contó más con el servicio, pero la instalación prometida y cobrada nunca llegó. Solamente los recibos.
“Me hicieron firmar un convenio en el que tengo que pagar cada mes 2 mil pesos, más aparte mi consumo, y yo dije trabajando sí sale, pero mi esposo se enfermó de urgencia entonces me atrasé, solo dos meses pude pagar, les fui a suplicar que no me quitaran el servicio, que cuando terminara con la enfermedad de mi esposo yo les pagaba, pero que no me quitaran el agua, me dijeron que no”, relató a MILENIO.
Por su parte, otro habitante del estado, en Isla Mujeres, afirma que el servicio es muy caro, pero que no tienen opciones para evadir o reducir los precios, pues si no pagan, les cierran la llave.
—Tenemos un problema muy grande en la isla que es el tema del agua, nos llega muy cara, no hay un servicio de calidad, lo que cobran ellos, y eso es de toda la isla, queremos un servicio de calidad por lo que cobran.—¿Cuánto es lo más que usted ha pagado?
—He pagado hasta cinco mil pesos.
—¿En un mes?
—Sí, en un mes, es una exageración... si yo dejo de pagar el agua, sencillamente viene una empresa privada que ellos contratan para hacer el corte del servicio y nos quedamos sin agua.
Por ello, la sociedad organizada impulsa una encuesta ciudadana para poder retirar legalmente la gestión de Aguakan sobre el agua del estado, aunque las autoridades electorales aseguran no tener dinero para aplicar el mecanismo, por lo que piden realizarla durante la revocación de mandato en 2022.
“Obviamente ha habido incumplimiento por parte de la empresa, no han cumplido ni con la obra de infraestructura que se comprometieron, las tarifas nadie se las regula y no hay una autoridad que les ponga un alto”, expresó Maribel Villegas, senadora e impulsora de la encuesta.
Y esta trama ya llegó hasta los pasillos de Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió en 2019 a revisarlo y lo encargó a la presidenta municipal, pero han pasado más de dos años y aún no hay claridad.
“Cuando estuve allá en playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad, se me presentó este problema se planteó lo de esta empresa, hablé de que le encargaba yo el problema a la presidenta municipal y al gobernador. Fue un compromiso y los compromisos se cumplen, voy a esperar un tiempo “, dijo el Presidente en junio de 2019.
dmr