El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa confirmó en su investigación la existencia de un cónclave entre autoridades de distintos niveles para la indagatoria por la desaparición de los 43 normalistas, pero —a diferencia de la Fiscalía General de la República (FGR)— los expertos internacionales no concluyeron que este encuentro se realizó para “urdir” la llamada verdad histórica, sino para intervenir los teléfonos de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
En su último informe que dieron a conocer el jueves pasado en conferencia, los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explicaron que documentación obtenida durante su indagatoria da cuenta de no una, sino dos reuniones el 7 y 8 de octubre de 2014 en el 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala, Guerrero.
“Desde este lugar, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, dirigida por Tomás Zerón de Lucio, organizó, con un grupo de múltiples autoridades civiles y militares, mesas de coordinación e inteligencia”, detalla el Informe Ayotzinapa III, elaborado por Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Paz, y Francisco Cox, integrantes del GIEI.
En el capítulo La construcción de la llamada verdad histórica, revelaron que estos encuentros de alto nivel fueron registrados en archivos militares como “Juntas de Autoridades” y en ambos se ordenó “identificación y seguimiento de telefonía de las personas implicadas”.
“Así, en la reunión del 7 de octubre se acordó: 'En base a la información vertida, el maestro Tomas Cerón (sic) indicó que se procediera de inmediato a establecer una mesa de trabajo entre las procuradurías para las siguientes acciones: una mesa de inteligencia para establecer los teléfonos del personal implicado y hacer seguimiento'”, revela el mensaje denominado por los expertos internacionales como FCA 23714, fechado el mismo 7 de octubre de 2014.
En la reunión del día siguiente, abunda el informe, Zerón solicitó a integrantes de PGR “identificar los teléfonos de implicados para el seguimiento correspondiente.
“A lo que elementos de la PGR le informaron ‘que ya se identificó el teléfono del blanco, El Moreno, así como de su novia con un registro de más de 70 llamadas, por lo que ya se tiene seguimiento a su domicilio”, según el mensaje FCA 23835, de fecha 8 de octubre de 2014.
En esta parte de su investigación, el GIEI destacó que las comunicaciones oficiales de este par de reuniones también revelaron que a partir de esas fechas “se conocían y dispusieron seguimientos e interceptaciones sin acatar el menor procedimiento y sin que se vertiera la información obtenida dentro del expediente 'oficial' del caso. Hasta la fecha no se ha podido acceder al contenido de estas intercepciones”.
El GIEI destacó que en este par de encuentros participaron 19 funcionarios federales y estatales, entre los que destacan los generales Martín Cordero y Alejandro Saavedra, comandantes de la IX Región y de la 35 Zona Militar, respectivamente, así como Tomás Zerón y Bernardo Muñoz, por la AlC; Carlos Gómez, director de la Policía Federal Ministerial; Vidal Dinaleal, del Cenapi; Gualberto Ramírez, de la Seido; Omar García Harfuch, identificado por el GIEI como “comisario de Gendarmería”, e Iñaky Blanco, entonces procurador de Guerrero, entre otros.
Esta versión sobre dicho “cónclave”, incluida en su informe de febrero, choca con la narrativa de la FGR, la cual, al acusar penalmente al ex procurador Jesús Murillo, sostuvo que en el encuentro del 7 de octubre de 2014 se “urdió” la verdad histórica.
Este fue uno de los principales argumentos que dio el MP de la Federación al juez para imputarle a Murillo los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
Ni en ese par de reuniones que señala el Informe Ayotzinapa III ni en otro apartado en el que el GIEI reveló que el 24 de octubre la AIC instaló en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia una “Sala de situación caso Ayotzinapa”, que llamaron un “War Room”, se “urdió” la verdad histórica.
De acuerdo con el GIEI, esta Sala “tenía como objetivo general: ‘Facilitar el intercambio de información entre las dependencias’ y como objetivo específico: 'la recopilación, procesamiento y análisis de información vinculada al caso Ayotzinapa, con la finalidad de proporcionar líneas de acción a las áreas operativas correspondientes y contribuir a la toma de decisiones’”.