El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), llamó al Senado a considerar los riesgos de su desaparición, ya que sus funciones no se duplican con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), con lo que se pone en riesgo la credibilidad de cifras fundamentales para la política de desarrollo social, y la generación de información para definir la atención prioritaria de los programas sociales.
En esta semana en que se prevé la desaparición del organismo público, el Coneval también exhortó al Senado a que en caso de aprobarse el dictamen en los términos actuales, se brinde certidumbre y respeto a los derechos laborales de los cerca de 200 trabajadoras y trabajadores que integran el Coneval.
Señaló que para conservar la capacidad del Estado mexicano para apuntalar en forma efectiva las acciones dirigidas a eliminar la pobreza, es necesario que en la definición de la legislación secundaria y en los artículos transitorios que definirán el traslado de las funciones del Coneval al Inegi, se priorice el modelo de gobernanza técnica e independiente “que ha asegurado la calidad y objetividad de la evaluación y monitoreo de políticas públicas” en los 19 años de existencia de esa institución, que garanticen confiabilidad y credibilidad de la medición de la pobreza en México.
“El Coneval hace un llamado al Senado de la República a considerar, como se expuso en agosto pasado, que el Consejo no es un órgano constitucional autónomo, no existen funciones duplicadas con el Inegi y al trasladar fuera del ámbito de la administración pública federal las funciones de medición de pobreza y de evaluación de política social, se pone en riesgo la credibilidad de cifras fundamentales para la política de desarrollo social, la emisión de información crucial para la delimitación de zonas de atención prioritaria para los programas sociales, y la generación de evidencia oportuna y pertinente para el diseño de los planes de la nueva administración”.
Asimismo, exhortó a que, de ocurrir dicha transición, se consideren los plazos, presupuestos y mecanismos necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas para 2025, como la presentación de las estimaciones de la medición multidimensional de pobreza 2024, la preparación de la medición de la pobreza municipal 2025, así como la información que permita la asignación de los Fondos del Ramo 33, entre ellos, el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Estatal y la preservación de la información, los sistemas y las metodologías que se han creado en casi dos décadas.
“Reiteramos nuestro interés en la interlocución con el Poder Legislativo y nuestra convicción de que el país requiere una medición de la pobreza confiable y técnicamente sólida y una evaluación rigurosa de los programas y acciones de desarrollo social, para garantizar los derechos sociales de las y los mexicanos”.
El Coneval recalcó que ha planteado a los legisladores que existe la posibilidad de que se cumpla el propósito de eliminar el órgano constitucional autónomo considerado en el artículo 26 constitucional (que nunca entró en operación), sin que el Ejecutivo federal pierda funciones directamente vinculadas con la política nacional de desarrollo social.
LG