Tomar acciones macroeconómicas, generar un plan de acción de mediano plazo considerando la contracción económica, considerar medidas adicionales de atención a los desempleados de la pandemia de covid-19 y a los trabajadores informales, dar créditos a pequeñas empresas, subsidios temporales para el pago de servicios básicos, así como generar mecanismos de protección de la vida de los grupos más vulnerables a causa del nuevo coronavirus, son algunas de las recomendaciones que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) hace con miras a la aprobación del Paquete Económico 2021.
En el documento Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2021, el consejo señala que bajo el contexto actual se requiere destinar una mayor proporción del presupuesto público a mitigar los efectos de la crisis en los grupos más vulnerables de la población en la salud, el ingreso, la carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda y los programas de transferencias monetarias vinculados al bienestar económico.
El Coneval hizo un llamado a orientar el presupuesto 2021 a mitigar las implicaciones de la crisis sanitaria por el virus SARS-CoV-2, poniendo énfasis en grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, población indígena y personas con discapacidad.
El organismo enumera una serie de consejos tales como extender la temporalidad de los programas para los desempleados de la pandemia y que se implementen programas dirigidos a la población que perdió su empleo debido a la emergencia sanitaria.
“Debido a las estrategias de resguardo en casa y de sana distancia, las actividades económicas no se están desarrollando con normalidad, lo que afecta principalmente el ingreso de los trabajadores informales y, por lo tanto, el acceso a sus derechos sociales, por eso es importante considerar programas que los apoyen.
“Es necesario que el Estado adopte acciones extraordinarias para mitigar el impacto negativo de la pandemia en el empleo y las unidades económicas. Entre las medidas que se pueden implementar para amortiguar la pérdida de empleos se encuentran: los créditos a pequeñas empresas, el subsidio parcial o total de las cuotas obrero-patronales que los empleadores deben asumir durante los meses que las actividades no esenciales se mantengan reducidas”, indica.
El organismo autónomo asegura que es necesario que todos los programas federales que realizan transferencias monetarias directas a la población sigan operando satisfactoriamente e, incluso, extiendan su cobertura para atender a los grupos más afectados por la pandemia, ya que estos apoyos son sustanciales para el sustento de muchos hogares mexicanos, particularmente, para aquellos que se encuentran en los primeros deciles de ingreso.
“Coordinar programas y acciones de capacitación para la reinserción laboral y la asistencia social que permitan vincular rápidamente a las personas a un mejor empleo. Implementar acciones adicionales para promover la generación de empleos, así como de estrategias de desarrollo nacional y sectorial. Una política encaminada a este fin requeriría medidas macroeconómicas adicionales”, agrega.
El Coneval urge al gobierno a diseñar una estrategia integral que permita afrontar con la urgencia necesaria la crisis sanitaria y disminuir la pérdida de vidas, lo cual requiere proteger a los grupos más expuestos al contagio, así como aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad al presentar complicaciones severas o al fallecer por covid-19.
Entre otras acciones, recomiendan garantizar una alimentación nutritiva y de calidad a la población, “se debe garantizar la operación del Programa Abasto Rural (Diconsa), que distribuye 23 productos contenidos en la canasta básica en localidades de alta o muy alta marginación y el Programa de Abasto Social de Leche (Liconsa), esto con las medidas sanitarias adecuadas”.
Además de fortalecer el Programa de Precios de Garantía que compra maíz y frijol a productores locales y pequeños, vendidos en las tiendas Diconsa, lo cual ayudaría a que los productores mantengan su ingreso y aseguraría que las tiendas Diconsa cuenten con el abasto suficiente de estos productos para venderlos a precios accesibles.
“Es deseable que los programas que brindan servicios de alimentación en las escuelas, como el programa Escuelas de Tiempo Completo y el Programa de Apoyo a la Educación Indígena, otorguen despensas a las familias beneficiadas, mientras las escuelas se encuentran cerradas”, asevera.
En este sentido, llama a desincentivar el consumo de productos ultraprocesados con alto contenido de azúcar, sal y grasas para combatir la obesidad y otros padecimientos asociados.
En cuanto al derecho a la educación señala que es necesario que se priorice la atención de escuelas comunitarias, telesecundarias, telebachilleratos, escuelas indígenas y para migrantes, debido a que estas brindan servicio a la población con mayores necesidades.
En el apartado de recomendaciones para el sistema de salud, el Coneval urge a realizar un “un diagnóstico general del estado actual del Sistema Nacional de Salud, para distribuir los recursos escasos, tanto materiales como humanos, de manera eficiente y en atención de las necesidades prioritarias del sistema. Reorganizar y reforzar la capacidad resolutiva de los diferentes niveles de atención a la salud; así como dotar del equipo básico al primer nivel de atención”.
Dado que el número de camas y médicos por cada mil habitantes en México se encuentra por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Consejo alerta sobre la necesidad de aumentar la disponibilidad de camas para hospitalización y agilizar la contratación de profesionales de la salud.
Además, recomienda garantizar el acceso a los servicios de salud a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sin ninguna cuota de por medio a la población que estaba afiliada al Seguro Popular y a la población que no cuenta con acceso a instituciones de salud pública, así como fortalecer los servicios estatales y municipales de salud mediante la dispersión de recursos.
“La emergencia sanitaria actual también tiene efectos en la salud mental de la población, y en ese sentido es indispensable implementar acciones que permitan mitigar sus efectos”, añade.
En el ámbito de la seguridad social el consejo señala la necesidad de avanzar en la homologación de atención, accesibilidad y disponibilidad a la seguridad social de todos los grupos de población, independientemente de su edad, condición laboral y ubicación geográfica.
“Se requieren nuevos instrumentos de política dentro del subsistema de seguridad social dirigidos a las personas en las etapas de la adolescencia, juventud y adultez, para asegurarles un ingreso en caso de desempleo. Dentro del subsistema de protección social existen riesgos asociados a diversas etapas de vida para cuya atención no existe oferta institucional. En particular, no existe algún programa presupuestario vigente que se encargue del desarrollo infantil temprano, aspecto fundamental para garantizar la salud de las personas en sus primeras etapas de vida”, resalta.
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