El procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, Raúl Arroyo González, consideró que el Congreso del estado se tendrá que hacer cargo de las consecuencias al no aprobar la iniciativa de la interrupción legal del embarazo.
Indicó que el Congreso es un órgano democrático y político y que cualquier determinación que toma tiene consecuencias en el orden legal y también político, “porque es un orden de presentación política”.
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Agregó que los diputados locales que hayan votado la iniciativa en términos políticos tendrán que asumir las consecuencias, “ellos debieron haberlas medido, esas cosas pasan en una democracia”.
Sin embargo, subrayó que hay una corriente política que está encabezando el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que no se penalice a las mujeres que ejercieron el derecho de decidir sobre su cuerpo.
“Hay una Ley de Amnistía que está caminando en el Congreso de la Unión y que tiene como primer apartado que dé la amnistía a las mujeres que están sentenciadas por aborto”, precisó.
Enfatizó que el país está caminando en una ruta política y si el Congreso del estado determinó otra cosa tendrá que hacerse cargo de sus costos, “pero en una democracia estas cosas pasan”.
Recordó que la legislatura local pidió a la Procuraduría la opinión técnica de la iniciativa que permitía la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y apuntó que la Fiscalía opinó que la iniciativa era viable y conveniente.
“Tenemos fundamentos biológicos, científicos, de que antes de determinado tiempo no hay actividad cerebral, no estamos hablando de una privación de la vida”, aseveró.
Comentó que se emitió también una opinión jurídica, también favorable, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definió que se trata de un tema de derechos de las mujeres que se tienen que respetar.
“Esa fue nuestra opinión, en ese sentido, desde el punto de vista biológico, científico, nosotros nos basamos en ello”, dijo.
La semana pasada con 15 votos en contra, 10 a favor y cinco abstenciones los diputados locales no aprobaron las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo que permitían la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
“Esa es la decisión del Congreso y en una democracia en materia legislativa es quien tiene la palabra y en una democracia gana quien tiene la mayoría”, sostuvo el procurador.
Respecto a que la votación de la iniciativa pudo haber estado relacionada más con un tema político que de derechos de las mujeres, Raúl Arroyo evitó abundar en el tema, “en esa parte no puedo opinar porque yo no soy diputado y tengo que ver las cosas con respeto y desde el punto de vista jurídico.
En cuanto a que los diputados locales le dieron la espalda a la opinión técnica de la Procuraduría, el fiscal consideró que eso no sucede con las opiniones técnicas, “simplemente se toman o no en cuenta, esa es responsabilidad de quien lo hace, la Procuraduría actuó como debía actuar de acuerdo con fundamentos científicos y jurídicos”.
Finalmente, en cuanto a si es viable que deba presentarse nuevamente la iniciativa al Congreso del estado, el fiscal dijo: “yo no descarto ninguna posibilidad”.