Con 49 votos a favor y cero abstenciones, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la de ley de la Fiscalía General de Justicia de la capital para cumplir el mandato constitucional que debió emitirse desde el pasado 5 de diciembre.
No obstante, se caería en desacato constitución y se atrasarían casi 8 meses los trabajos para la transición, ya que en el documento se detalla que será hasta el próximo 5 de diciembre cuando se oficialice el cambio de Procuraduría General a Fiscalía General de Justicia capitalina y se designe al titular de esta dependencia.
A pesar de que el décimo séptimo transitorio de la Constitución capitalina señala que la Fiscalía debe comenzar a operar el 31 de mayo de 2019 y la designación del fiscal, a más tardar el 30 de abril.
“Esto tiene por objeto establecer las disposiciones generales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, las facultades de la Comisión Técnica de Transición y el proceso de planeación y conducción de la transición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, apuntó el morenista, Eleazar Rubio, quién presentó el dictamen de ley ante el pleno.
Se establece que la Comisión Técnica presentará el plan de transición de la Procuraduría a Fiscalía al Congreso en septiembre del próximo año, por lo que continuará en funciones la dependencia actual y bajo la ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, su Reglamento y las demás disposiciones jurídicas.
El miércoles pasado, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán, señaló que el Consejo Judicial Ciudadano, que se encarga que proponer al Fiscal, quedará constituido hasta junio o julio del próximo año y no el 31 de diciembre como marca el texto constitucional.
Agregó que debido a que no se han apegado a los tiempos constitucionales la próxima semana presentarán ante el pleno una iniciativa para modificarlos, ya que los que establecieron los diputados constituyentes no toman en cuenta la implementación de los sistemas.
EB