El Congreso de la Ciudad de México ejerció por primera vez su función como Constituyente Permanente federal, por lo que avaló modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio.
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Con 54 votos a favor, los legisladores locales aprobaron que todos los bienes obtenidos por la comisión de conductas ilícitas sean recuperados por el Estado, a través de la extinción de dominio, y con ello combatir las redes criminales en el país.
La reforma amplía el catálogo de actos para ejercer esta figura jurídica, como hechos sobre corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
“No basta que tengamos a una serie de personas que han cometido ilícitos en la cárcel. Resulta extremadamente preocupante que estas personas cuando salen de prisión conservan los bienes, el ejemplo más claro de impunidad es: Javier Duarte”, dijo el presidente de la comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán.
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Los partidos de oposición refirieron que con esto las autoridades federales ya no tendrán pretexto alguno para no dar resultados en materia de seguridad, pues se están creando estrategias para hacer frente a delitos de alto impacto.
Guillermo Lerdo de Tejada, diputado de PRI, comentó que entrando en vigor esta modificaciones constitucionales, “se deberán traducir en los resultados que todos esperamos, y es que debemos estar a la altura de grandes responsabilidades”.
El coordinador del PRD, Jorge Gaviño, resaltó que las autoridades deberán establecer los mecanismos para que administren los bienes obtenidos.
“En anteriores administraciones fueron solapados algunas acciones, ahora esta nos permitirá no sólo recomponer el tejido social sino abonar a la cuarta transformación”, dijo En voz el diputado Carlos Hernández Mirón.
La reforma entrará en vigor cuando 17 congresos locales aprueben la reforma constitucional; esta minuta será remitida a la Cámara de Diputados para que esta lleve a cabo el cómputo de las legislaturas que avalaron el tema.
FLC