El Congreso de la Ciudad de México busca tipificar la violencia digital o ciberacoso, para proteger los derechos humanos de las personas y combatir la comisión de los delitos de acoso sexual, trata de personas o amenazas en el ecosistema digital.
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En una iniciativa, impulsada por la diputada del Partido Verde, Alessandra Rojo de la Vega, se sugiere que las penas se incrementen en una mitad cuando se utilice como medio comisivo cualquier medio de comunicación electrónica, análogo o digital.
También contempla adicionar una fracción a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Distrito Federal, así como algunas reformas el Código Penal local.
Rojo de la Vega explicó que desde hace mucho tiempo, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), plataformas de internet, redes sociales o correo electrónico, son el nuevo medio de transporte de violencia en contra de las mujeres.
Destacó que los espacios digitales facilitan que los agresores se acerquen a sus víctimas, sin temor a ser atrapados.
“Ahí no llegan las autoridades para proteger a las víctimas, ni a detener a los atacantes; y que hoy está en completa impunidad”, resaltó.
“Si, existe, la violencia en medios digitales o virtuales, es muy real, lesiona el alma hasta cambiar tu vida para siempre. Que cobardía estar detrás de un monitor, de manera incógnita y encima de todo gozar de total impunidad por sus actos mientras le destruyen la vida a una mujer”, añadió.
La propuesta incluye el fomentar y apoyar programas de educación para concientizar a la sociedad sobre causas y consecuencias del ciberacoso, además de atender a las víctimas de violencia digital.
Destacó que en la Ciudad de México al menos 300 mujeres han experimentado algún tipo de ciberacoso de forma directa.
Agregó que en dos años se han documentado mil 409 espacios virtuales o mercados de explotación sexual de mujeres.
Esta iniciativa fue suscrita por todos los grupos parlamentarios de este órgano lesgilativo, principalmente, la legisladora de Morena, Paula Soto y el panista Federico Döring.
La proposición fue turnada a la comisión de administración y procuración de justicia.
FLC