El Congreso de la Ciudad de México aprobó, con 12 votos a favor, 6 abstenciones y 0 en contra, un exhorto para que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) integre una Comisión de Investigación que dé seguimiento a los presuntos actos de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez desde el año 2009 a la fecha, hechos por los cuales fue detenido Luis Vizcaíno Carmona, ex director general de Jurídico y Gobierno de la demarcación territorial de 2009 a 2016.
A nombre de la diputada Ana Francis López, la legisladora Nancy Núñez explicó que es necesario que el Poder Legislativo analice y dé seguimiento al caso, por lo que insistió en la creación de la Comisión de Investigación, que tiene sustento en los artículos 87 y 88 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
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“No se trata de hacer ningún señalamiento sobre nadie en particular; sin embargo, es necesario que esta Soberanía, en el ejercicio de ente fiscalizador de la función ejecutiva en la ciudad y sus alcaldías, tiene la responsabilidad legal y constitucional de dar seguimiento a este asunto a través de una Comisión Especial”, profundizó.
La representante del Distrito 3 de Azcapotzalco, precisó que, entre las facultades que tendrá la Comisión Investigadora, será la de citar a las y los servidores públicos relacionados con la presunta corrupción inmobiliaria en Benito Juárez así como recibir información relevante de la ciudadanía, que sume al caso.
“La participación del Poder Legislativo debe realizarse con toda seriedad y en estricto apego a las facultades constitucionales y legales con las que cuenta para que, en caso de ser procedente, se tomen las medidas políticas y normativas necesarias para evitar la corrupción en las actividades de desarrollo inmobiliario”, señaló.
Recordó que no es ocioso repetir que todas las personas que ostentan un cargo público tienen la obligación de servir al pueblo y lo peor que pueden hacer es aprovecharse de los cargos públicos para enriquecerse a sí mismos o a los suyos.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, la morenista dijo que con lo que respecta a la alcaldía Benito Juárez, existen evidencias de malos manejos para favorecer a los constructores, que han repercutido en múltiples violaciones a los derechos humanos de la sociedad.
"La detención del ex funcionario es sólo la punta del iceberg, pues este proceso podría resultar en el involucramiento de algunas otras personas servidoras públicas de anteriores o de la presente administración en Benito Juárez, demostrando la existencia de esta red que utiliza los recursos de la ciudad para saciar un lucro personal”, se lee en el texto del punto de acuerdo.
Núñez Reséndiz indicó que Benito Juárez es una de las demarcaciones más caras para vivir, tanto en la ciudad como el país, pero, quienes adquirieron su departamento de buena fe y que hacen un gran esfuerzo para pagarlos viven en constante incertidumbre porque éstos presentan riesgos estructurales e insuficiencia de servicios públicos.
“Se ha señalado a ex funcionarios de alto nivel que, desde su cargo en el órgano político administrativo de Benito Juárez, podrían haber favorecido el enriquecimiento multimillonario de algunos intereses particulares mediante actos ilegales y contarios al bien común”, concluyó.
FS