Sin la presencia de Movimiento Ciudadano, el Congreso de Nuevo León aprobó la creación de una la Ley de Amnistía del Estado, semejante a la que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el séptimo periodo extraordinario se determinó que esto se condiciona a que se realice una reforma constitucional en la materia, dado que es una iniciativa diferente al tema de fondo.
Los diputados locales de Morena, Jessica Martínez y Waldo Fernández, plantearon en el mismo sentido una reforma al artículo 63 de la Constitución local, que se separó en el dictamen para sólo resolver sobre la primer iniciativa.
Autorizan a dirección jurídica que analice controversias contra TJA
El Pleno del Congreso local aprobó esta noche autorizar a la Dirección Jurídica del Poder Legislativo para que analice presentar una controversia constitucional contra el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por haber impedido la publicación de una reforma a la UIFE que crea la Fiscalía.
Durante el séptimo periodo extraordinario, previamente aprobado por la Diputación Permanente, se acordó que si la Dirección Jurídica autoriza, la presidenta del Congreso, Ivonne Álvarez, presentará la Controversia Constitucional por dos casos de lo contencioso administrativo avalados por la Primera Sala Ordinaria del TJA.
“Tuvimos conocimiento por medios de comunicación respecto de una presunta suspensión a actos emanados de este Congreso, decretada por el Tribunal de Justicia Administrativa.
“Posteriormente, derivado de una consulta realizada a la Dirección Jurídica de esta Soberanía para verificar dicha información, fue que tuvimos conocimiento que en fecha 27 de junio del presente año fue recibida por la Oficialía de Partes de esta Soberanía, escrito signado por el Ciudadano Licenciado José Mercedes Hernández Díaz, Magistrado de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León mediante oficio 24527/2022, para notificar la admisión del juicio contencioso administrativo con el número de expediente 1112/2022 y la concesión de la suspensión de los actos impugnados.
En el oficio remitido por el Tribunal de Justicia Administrativa se señala que se hace de conocimiento de este Honorable Congreso del Estado de la resolución de referencia “para los efectos legales a que hubiere lugar”, señaló Lorena De la Garza, del PRI.
Sin duda, expuso De la Garza, el acto emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, respecto de la suspensión concedida en el juicio contencioso administrativo de referencia, notoriamente rebasa la competencia y/o atribuciones del propio Tribunal, respecto de etapas de un proceso legislativo constitucional.
“El Tribunal fue creado, por disposición expresa de la Constitución local para resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal, ya sea central o paraestatal, y para conocer de las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública municipal, central o paramunicipal, en los casos en que los municipios no cuenten con un Órgano de Justicia Administrativa municipal”, expuso.
El diputado local del PRI, Ricardo Canavati, pidió el voto a favor y dijo que los medios de control constitucional aluden a los mecanismos jurídicos por los que se garantiza la preservación de la regularidad constitucional.
“En este sentido, el Congreso del Estado, al ser una autoridad con facultades establecidas en nuestra Constitución del estado, también es sujeto a que se le preserven dichas facultades cuando otra u otras autoridades transgreden su ámbito de acción que le permite la norma suprema y las leyes secundarias.
“Por ello, no me queda duda, compañeras y compañeros, que la suspensión ordenada por el magistrado de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, para publicar en el Periódico Oficial la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, para crear la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, transgrede totalmente el orden constitucional local, y es de analizarse si también el federal”, señaló.
Añadió que, en un caso inédito, en donde el TJA, que por Ley solo tiene competencia para conocer y resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y el Estado, los municipios, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal, interfiere arbitrariamente en actos del Poder Legislativo.
“Considero de suma importancia el delegar a la dirección Jurídica del Congreso, para que, en nombre y representación de la mesa directiva de este Congreso, analice, elabore, presente y trámite los recursos y mecanismos de defensa jurídica que sean necesarios para lograr que este u otros actos que busquen invadir competencias de esta soberanía sean atacados conforme a derecho y resueltos conforme al mismo, todo esto en aras de hacer prevalecer el principio de división de poderes que con evidente alevosía se está vulnerando”, concluyó.
La Diputación Permanente del Congreso de Nuevo León exhortó el miércoles de hace una semana a la Comisión Nacional Bancaria para que investigue por presuntos hechos de corrupción en perjuicio del Poder Legislativo a los Asociados Home Depot, S.A. de C.V.” y “Home Depot México S. de R.L de C.V, quienes presuntamente entramparon la publicación de la reforma a la UIFE en el Periódico Oficial.
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Hace dos lunes, el TJA otorgó una suspensión a una persona moral que impide la publicación en el Periódico Oficial, hasta que se resuelva su caso, de los cambios que hicieron los diputados a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) para crear una Fiscalía Especializada
La suspensión fue otorgada a una persona moral que está siendo investigada de forma directa por la UIFE por un asunto fiscal.
El promovente alegó que le afectan los cambios hechos a la UIFE, al quererla enviar a la FGJ, por lo que se le otorgó la suspensión para obligar al director del Periódico Oficial del Estado y al Poder Ejecutivo a que, mientras no se resuelva este procedimiento, no se publique exclusivamente la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía.