Pese a riesgo de desacato, diputados retoman caso de magistrado

El Congreso local aprobó returnar para su análisis el asunto de la ratificación de Ángel Mario García Guerra como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La multa por desacato podría alcanzar los 8 mil pesos por diputado. Foto: Jorge López,
Ricardo Alanís
Monterrey /

A pesar del riesgo de caer en desacato y con un total de 25 votos a favor por 15 en contra, el Congreso del Estado aprobó returnar para su análisis, de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública a la Dirección Jurídica del Legislativo, el asunto de la ratificación de Ángel Mario García Guerra como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El plazo para su aprobación está por vencer, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las pruebas presentadas para negarle la ratificación por 10 años más al magistrado no eran suficientes, y ante ello consideró que el Poder Legislativo había actuado en exceso de sus funciones en dos ocasiones y ordenó reinstalarlo en el cargo.

Los grupos legislativos que se manifestaron en contra del returno fueron Movimiento Ciudadano, Morena, Partido Verde Ecologista de México, e Independiente; sin embargo, durante la votación las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron a favor y lograron la mayoría con 25 votos.

Como parte de una primera sanción los legisladores tendrían que pagar una multa que supera los 8 mil pesos cada uno, pero al no cumplir de nuevo, habría nuevas sanciones y más fuertes.

Desde el 7 de febrero de 2018, en una resolución para efectos, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa ordenó al Congreso del Estado ratificar por 10 años más al magistrado Ángel Mario García Guerra, quien el 28 de febrero tendría que dejar su cargo como magistrado de la duodécima Sala del Tribunal Superior de Justicia.

Luego, el 11 de diciembre de 2019 el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, alertó sobre el riesgo que corren todos los legisladores locales de ser destituidos y procesados penalmente de no atender la orden de un Juzgado de Distrito, de no resolver un amparo conseguido por Ángel Mario Garza para ser reinstalado y ratificado magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

El legislador reiteró del riesgo de caer en desacato, ya que la mayoría de los diputados optaron por atender este asunto en el siguiente periodo de sesiones que inició el 1 de febrero. Finalmente, los diputados optaron por el returnar.

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