Para evitar sesgos políticos y venganzas por cambiarse de instituto político, por unanimidad de votos el Pleno del Congreso de Nuevo León aprobó la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria, impulsada por el PAN y PRI, a fin de que se envíen las participaciones y aportaciones federales de los municipios dentro de los 5 días hábiles posteriores a que sean recibidas.
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En sesión ordinaria de Pleno, donde todos se pronunciaron favor, se aprobó la iniciativa presentada el martes por los coordinadores del PAN y PRI, Carlos de la Fuente y Heriberto Treviño, respectivamente, para que los recursos sean ministrados en forma mensual durante los primeros 5 días hábiles del mes, publicándose la información de manera trimestral en el Periódico Oficial del Estado.
Sin embargo, de no contarse con la información definitiva se distribuirá de manera provisional y se ajustará cuando se cuente con la información definitiva.
“Es obligación de los municipios abrir anualmente cuentas bancarias específicas y productivas para la ministración de recursos estatales y federales, así como informar a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado dichas cuentas, las cuales deben ser informadas en un plazo no mayor a 5 días naturales de iniciado el ejercicio fiscal, mientras no realicen dicha notificación no podrán transferirse los recursos”, destaca el dictamen.
La prestación de estos servicios públicos en un estado como Nuevo León, que cuenta con un área metropolitana de más de 5.3 millones de habitantes de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, además de municipios en la periferia cuyo crecimiento ha sido exponencial durante los últimos años, y en general municipios que desean brindar servicios de calidad a sus habitantes, obliga a que las administraciones públicas municipales tengan garantizado el acceso oportuno a los recursos necesarios para su operación.
Y aunque salvaron al tesorero, se agregaron reservas de Movimiento Ciudadano en el sentido de que la autoridad que incumpla en la entrega de las participaciones y aportaciones federales que les corresponden a los municipios, se actualizará la falta establecida en el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, misma que deberá ser investigada y sancionada por la Auditoría Superior del Estado.
Es importante precisar que Heriberto Treviño, del PRI, cabildeó el asunto para que avanzara sin problemas.
La iniciativa fue turnada con carácter de urgente, y el presente Decreto entrará en vigor el próximo miércoles.
Aprueban traductores para comunidades indígenas
Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso local aprobó una reforma para que la Secretaría de Igualdad e Inclusión Estatal designe más traductores para los trámites de las comunidades indígenas y afromexicanos, que habitan en Juárez y diversos municipios no metropolitanos.
En sesión ordinaria de Pleno, a petición del diputado local del PRI, Ricardo Canavati, se reformó el Código Penal, Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Defensoría Pública en materia de derechos indígenas, pues consideró necesaria modificar la Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas en el estado de Nuevo León.
“Hay una base de datos que dice que son 18 traductores que están certificados por un organismo federal, se necesitan más traductores y que estén disponibles de más formas para que no tengan que estar presenciales, sino también por vías digitales.
“Los que están certificados por un instituto son 18 para los derechos, hay, principalmente, comunidades asentadas en Juárez y otros municipios periféricos como García, son más de 77,500 personas en Nuevo León, de acuerdo con organizaciones civiles”, dijo Canavati.
El artículo 18 establece que los indígenas y afromexicanos tienen derecho al acceso efectivo a los servicios de salud física y mental, así como al acceso a asistencia social sin discriminación alguna y preferentemente serán proporcionados en su lengua y con asesoría adecuada, dichas asesoría podrá ser realizada mediante el uso de herramientas digitales.
En los procesos penales, civiles, administrativos o cualquier procedimiento desarrollado en forma de juicio, dijo Canavati, que sea competencia de las autoridades del Estado y donde intervenga un indígena o afromexicano, éste contará con un abogado o defensor público y un traductor que conozca su lengua y cultura.
“Dicho traductor podrá apoyar mediante el uso de herramientas digitales, para garantizar plenamente el derecho de acceso a la justicia. Los jueces y tribunales deberán tomar en consideración la condición indígena del acusado.
“Debemos priorizar las tecnologías de la información que están a la vanguardia, pues deben ser usadas como un recurso importante, ya que son un medio de comunicación”, manifestó.