El Congreso del Estado de Tamaulipas ahora interviene en las obligaciones constitucionales que tienen los municipios en materia de tránsito, y les pide que hagan un análisis de sus necesidades de agentes viales, con el fin de que cada uno identifique su déficit de elementos para aplicar la ley y prevenir accidentes.
Se aprobó un dictamen para exhortar a los gobiernos locales a que se haga una revisión responsable de sus corporaciones y conforme a sus posibilidades presupuestales, determinen cuántos tienen y cuántos les hacen falta contratar con base en las necesidades de su ciudad y el número de habitantes.
“No se trata de imponer una fórmula única, sino de fomentar una cultura de planeación, seguridad vial y atención a la ciudadanía, porque hablar de tránsito es hablar de vidas humanas”, dijo el diputado local Víctor Fuentes en la conferencia legislativa mañanera.
Indicó que el dictamen va destinado en primer término al municipio de El Mante, porque la propuesta fue formulada por el diputado Alberto Moctezuma Castillo, oriundo de la región cañera, pero su alcance es para los 43 municipios del estado.
Tras su análisis en comisiones, se coincidió en que “nos encontramos frente a un fenómeno preocupante: el incremento de accidentes viales”, situación que se atribuye a diversos factores.
Y reconocen: “No podemos ser omisos, debemos buscar estrategias que sirvan como inhibidores de accidentes, medidas y prácticas diseñadas para reducir o evitar la ocurrencia de accidentes de tráfico y optimizar los recursos humanos”.
Se busca contar con personal de tránsito diversificando los horarios en los que puedan estar en funciones, ya que los accidentes no se dan en un horario específico, por lo que es necesario contar en todas horas con vigilancia.
“Los reglamentos, leyes y códigos resultan inoperantes si no se cuenta con suficiente personal asignado como agente de tránsito, que al realizar diariamente su función se vuelve un inhibidor de accidentes pues las personas se ven obligadas a moderar su velocidad y respetar las disposiciones”, expresa el dictamen.
Se aclaró que la medida no busca dañar la economía de los ciudadanos, ni recaudar más multas, sino coadyuvar a reducir los altos índices de accidentes que se están presentando en las vialidades de las ciudades.
“En México no existe una ley federal que establezca un número específico de agentes de tránsito por habitante que deba tener cada municipio, sin embargo, hay recomendaciones y objetivos de organismos nacionales e internacionales para orientar la asignación de recursos en seguridad pública”.
El dictamen aprobado destaca que la asignación de agentes viales debe considerar factores como el tamaño del municipio, la densidad poblacional, el volumen de tráfico vehicular y las necesidades específicas de cada localidad, que reflejen su realidad particular.
Y es que no todos los municipios enfrentan los mismos desafíos de tránsito, algunos pueden tener un alto volumen de vehículos de carga, otros un flujo turístico significativo, y otros concentrar problemas en áreas urbanas densamente pobladas.
“Además de la cantidad, es fundamental evaluar la calidad de la formación, equipamiento y condiciones laborales de los agentes de tránsito para garantizar su efectividad en el desempeño de sus funciones”.
Se reiteró que el objetivo es la contratación de más agentes de tránsito, respetando las condiciones presupuestales, demográficas y funcionales de cada municipio, haciéndose ver a los alcaldes que la inversión en este personal debe ser vista como una inversión en seguridad pública y bienestar ciudadano.
SJHN