El pleno del Congreso del estado aprobó por unanimidad un exhorto dirigido al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para implementar en Hidalgo el programa piloto para la defensa de mujeres y personas indígenas en reclusión, en asuntos de índole local.
La propuesta de acuerdo económico fue turnada por la directiva del Congreso a las comisiones conjuntas de Seguridad Ciudadana y Justicia, de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y de Igualdad de Género, donde después de analizar el planteamiento que presentó la diputada local del PRI, Erika Rodríguez, coincidieron en su aprobación de manera unánime.
La diputada expresó la necesidad de reconocer la labor de sus compañeros, “que con prontitud y responsabilidad atendieron este exhorto que busca acercar la justicia a mujeres e indígenas que, por diversos motivos, no han contado con una sentencia definitiva a sus asuntos y se encuentran recluidos en algún centro penitenciario de la entidad, con escasas posibilidades para obtener una buena defensa”.
Explicó que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura Federal, anunció cinco medidas para responder a la grave situación que enfrentan las personas en reclusión, entre las que destaca la implementación de un programa piloto para determinar cuál es la situación de mujeres y personas indígenas en procesos locales, a través de defensores y defensoras públicas federales que acudirían en su auxilio en asuntos de índole local.
Analizan propuesta
Erika Rodríguez explicó que este programa piloto operado por el Consejo de la Judicatura Federal ya se lleva a cabo en la Ciudad de México y está por implementarse en los estados de Chiapas y Oaxaca, considerando su población indígena; al respecto, cabe mencionar que Hidalgo ocupa el quinto lugar nacional en este segmento, razón por la cual las comisiones que analizaron la propuesta encontraron viable realizar el exhorto a la instancia federal.
La legisladora subrayó que en Hidalgo existe una población privada de la libertad de 4 mil 704 personas, 333 son mujeres y 350 personas pertenecen a algún pueblo originario, de los cuales 15 son mujeres y 317 son hombres.
De estas personas indígenas, precisó, “seis mujeres están procesadas y ocho sentenciadas por delitos del fuero común y únicamente una mujer por un delito del fuero federal; de esta misma población, son 79 los hombres procesados y 231 sentenciados por delitos del fuero común mientras que tres más están procesados y cuatro sentenciados por delitos del fuero federal”.
Finalmente, Erika Rodríguez señaló que “el exhorto no tiene otra finalidad más que la de contar con la ayuda de personas especializadas en el tema, que puedan aportar mayores y mejores elementos para la defensa de los casos que así lo ameriten”.