La diputada local Areli Rubí Miranda Ayala presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para el estado de Hidalgo con lo que se busca sancionar con cárcel de tres a cinco años al progenitor abandone a una mujer embarazada.
Así la iniciativa plantea que cuando el progenitor abandone a la mujer embarazada y sin causa justificada incumpla las obligaciones de prestar asistencia económica y alimentos durante el embarazo se le impondrá prisión de tres a cinco años y multa de 100 a 400 días además de la reparación del daño que proceda.
- Te recomendamos Elecciones extraordinarias de Ixmiquilpan y Acaxochitlán serán el 6 de junio Elecciones 2021
“Como Estado debemos de garantizar que una vez tomada la decisión de tener hijos las condiciones de la madre sean las más apropiadas por ello la presente iniciativa busca hacer corresponsable al progenitor de los gastos alimentarios de la madre y el producto”, argumentó Miranda Ayala desde el Pleno del Congreso.
Puntualizó que la iniciativa de reforma al Código Penal busca proteger a la mujer embarazada durante este periodo de vulnerabilidad y apuntó que cuando ha decido tener a su hijo tiene el derecho de ser asistida económica y alimentariamente por la pareja con la que procreó al bebé durante todo el embarazo.
Sin embargo, la diputada enfatizó que esta situación aún no se ha regulado en Hidalgo y no se ha prestado atención a los alimentos durante el embarazo y parto de la mujer, “el negarle estos insumos económicos-alimentarios pudiesen surtir daños irreparables e irreversibles para el bebé y la mamá”.
Mencionó que en noviembre pasado el estado de Puebla reformó su Código Penal en el que establece que a quien abandone a una mujer embarazada y sin causa justificada incumpla las obligaciones de prestar asistencia económica y alimentos durante el embarazo y una vez nacido él o la menor se le impondrán de nueve meses a seis años de prisión además de la reparación del daño y el pago de alimentos para el recién nacido y la madre en los casos que procedan.
“Por otro lado se han presentado iniciativas que buscan proteger a las mujeres embarazadas en los estados de Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes y Ciudad de México”, agregó la legisladora local.
Expresó que normalmente la carga económica de un embarazo es muy alta porque se incluyen los costos del parto, la recuperación médica, manutención integral del recién nacido además de los gastos de alimentación, vestido, calzado y medicamentos para ambos.
Areli Miranda enfatizó que la mujer embarazada tiene derechos alimentarios y es obligación del progenitor otorgárselos y apuntó que la falta de cumplimiento de esta obligación podría traer afectaciones no solo a la salud e integridad física de la mujer sino también del producto “y con ello la afectación sufrida sería de difícil reparación constituyéndose un posible delito continuo”.
Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Víctor Osmind Guerrero Trejo, turnó la iniciativa, a través de la Secretaría de Servicios Legislativos, a la primera Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis y dictaminación, la cual es presidida por él.