El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Octavio Magaña Soto, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del estado para que sea el Congreso local y no la Procuraduría quien elija al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Indicó que la iniciativa tiene como objetivo que el nombramiento de la persona titular de la Fiscalía no dependa de un acto administrativo y unilateral del titular de la Procuraduría del estado y se convierta en un acto colegiado en el que el Poder Legislativo del estado en Pleno o por conducto de la Diputación Permanente como máximo representante de la voluntad popular.
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El Pleno del Congreso o la Diputación Permanente aprobará el nombramiento respectivo a propuesta de una lista que someta a su consideración la persona titular del Poder Ejecutivo bajo el mismo procedimiento que la normatividad exige para ser Fiscal General de Justicia del Estado y Fiscal Especializado en Delitos Electorales.
Magaña Soto enfatizó que con ello la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos se constituirá como un organismo realmente garante de la protección al gremio periodístico y los defensores de derechos humanos con autonomía técnica y funcional para la investigación y persecución de los delitos de su competencia.
Recordó que en mayo del año 2015, con la finalidad de garantizar el derecho humano a la libertad de expresión en el estado y tener un instrumento eficaz para perseguir y sancionar los delitos que atentan contra la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, mediante el Decreto gubernamental A/01/2015, se creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos en el Estado de Hidalgo.
Agregó que esto permitió dar cumplimiento a los compromisos internacionales y nacionales asumidos por el estado de Hidalgo, para la tutela del derecho a la libertad de expresión, cuyo nombramiento de titular recae directamente en el Procurador General de Justicia de la entidad, lo cual se busca cambiar a través de la reforma Constitucional.
Octavio Magaña mencionó que en Hidalgo, de acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del estado, desde el 2022, se tiene registradas 37 denuncias de periodistas, 14 de amenazas; diez por lesiones; seis, robos; cuatro de daño en propiedad y tres por abuso a la autoridad.
“Esto muestra que nuestro Estado no está exento de ser una de las entidades federativas que requiere fortalecer su marco jurídico de protección a las personas que ejercen el periodismo”, dijo el coordinador de la bancada del Partido Verde.
Finalmente, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Vanesa Escalante Arroyo, turnó la iniciativa a la Comisión de Legislación para su análisis y dictaminación.
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