La diputada local Lisset Marcelino Tovar y el encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, presentaron públicamente la iniciativa de Ley para el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Marcelino Tovar aseguró que a través de esta iniciativa se fortalecerá la norma penal para seguir combatiendo de manera directa el delito de corrupción en la entidad.
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“El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es el resultado del uso de cualquier bien que sea obtenido por comisión de algún delito siendo este el principal ilícito cometido por empresas o grupos de poder dedicados al lavado de dinero”, aseveró.
Por su parte, el encargado de Despacho de la Procuraduría, Santiago Nieto, puntualizó que la iniciativa pretende tipificar como conducta delictiva las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Mencionó que Hidalgo, junto con siete entidades más en el país, no han tipificado esta conducta en el ámbito local y con ello dar continuidad a las investigaciones en materia de peculado y narcomenudeo, “y seguir con el proyecto del señor gobernador Julio Menchaca de continuar con los procesos de extinción de dominio y con ello la generación de recursos para el Instituto para Devolver al Pueblo Robado, en ese tenor es indispensable este tipo penal”.
Enfatizó que es necesario que el estado se ponga a la vanguardia con las que se cuenta actualmente, incluyendo la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la misma Procuraduría, para poder avanzar en el tema.
Precisó que el tipo penal de la iniciativa de Ley está pensado en los términos que establece la propia normatividad a nivel federal, “por un lado se tipifica el que se adquiera o se utilice, se use, se destinen valores, derechos, bienes, cuando exista una procedencia ilícita de los mismos”.
Agregó que se plantea que el ocultamiento o el encubrimiento de este tipo de procedimientos para blanquear capitales también será considerado como una conducta delictiva.
“Hay dos agravantes: el primero cuando se utilice a menores de 18 años se va a agravar hasta la mitad de la pena y por supuesto hay un agravante también adicional que cuando el sujeto activo sea un servidor público se establecerá una pena de una mitad más”, refirió.
Finalmente, añadió que con el simple hecho de que alguien se encuentre ocultando o encubriendo o adquiriendo bienes, valores, que estén relacionados con recursos de procedencia ilícita es suficiente para poder encuadrar la conducta delictiva y poder proceder penalmente contra el o los responsables.