Con 51 votos a favor, ocho en contra y una abstención, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al artículo 19 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, con los cual se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar.
Algunos de los delitos que se agregan son: delincuencia organizada, abuso sexual contra menores, feminicidio, trata de personas, desaparición forzada, corrupción con enriquecimiento ilícito, robo al transporte de carga, y delitos en materia de hidrocarburos, así como uso de programas sociales con fines electorales, entre otros.
Al presentar el dictamen, el diputado morenista, Eduardo Santillán Pérez, explicó que los delitos que ameritan prisión señaló que esta reforma constitucional representa la primera evaluación a profundidad que se hace a partir de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio.
“Las personas que son imputadas por estos delitos evidentemente tienen un alto grado de peligrosidad y una alta probabilidad de pretender evadirse de la acción de la justicia. Por lo tanto, en estos casos el Estado, para salvaguardar la integridad de la sociedad en su conjunto, y la presunción de inocencia, garantiza que estas personas puedan llevar a cabo su proceso privadas de la libertad a través de esta importante figura de la prisión preventiva oficiosa”, apuntó.
Quienes se opusieron a este dictamen fueron el perredista, Jorge Gaviño y el panista, Jorge Triana, quienes coincidieron en que éste “representa un retroceso al sistema de impartición de justicia, por afectar los derechos humanos de los acusados”.
En tanto, la vicecoordinadora del Partido Verde Ecologista de México, Alessandra Rojo de la Vega, señaló que después de un proceso en el que se escucharon las voces de especialistas en la materia, “hoy tenemos la responsabilidad de validar una reforma que se centra en delitos que ameritarán la imposición de prisión preventiva para aquellos que realicen una serie de conductas que han impactado y han generado en la sociedad una sensación de injusticia e impunidad en la sociedad”.
Mientras que el priista, Miguel Ángel Salazar aseguró tener muy claros los retos que enfrenta el Estado, en materia de seguridad y violencia, mismos que deben enfrentarse de acuerdo a lo establecido en materia de derechos humanos, por lo que destacó la importancia de cuestionarse sobre si la iniciativa que propone la prisión preventiva, violenta la presunción de inocencia.
Finalmente, Christian Von Roehrich de la Isla, vicecoordinador del PAN manifestó que este dictamen es una forma de combatir los altos índices delictivos, que se han convertido en un “flagelo social”.
EB