Es la primera vez que desde 1824, legisladores del Congreso de la Ciudad de México aprueban una reforma constitucional federal, y será para combatir las redes criminales en el país a través de la extinción de dominio.
Todos los bienes que se obtengan por narcotráfico, actos de corrupción o prácticas de huachicoleo podrán ser objeto de extinción de dominio, con lo que pasarían a ser parte del Estado, así lo informó el presidente de la comisión de administración y procuración de justicia, Eduardo Santillán.
También serán objeto de esta figura jurídica aquello que tenga que ver con: robo de vehículos, secuestro, extorsión, trata de personas, entre otros.
Lo anterior, quedó aprobado en el dictamen que elaboraron las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, así como de Administración y Procuración de Justicia, en el cual se reforma el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En entrevista, el morenista informó que este martes el Congreso de la Ciudad de México aprobará, con el avaluó de las dos terceras partes de los legisladores, ampliar las causales para la aplicación de la figura de extinción de dominio sobre bienes provenientes de actividades ilícitas.
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“Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos sobre corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”, expone la modificación al artículo 22.
Refirió que en algún momento se puede tener a personas en la cárcel pero no se logra que los bienes que son fruto de esos actos ilícitos los pierdan, y cito por ejemplo al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien “estará unos años en la cárcel pero conservará propiedades obtenidas de manera ilícita”.
“Implica que todos aquellos bienes que se obtengan de una serie de conductas ilícitas ahora podrán ser sujeto a un proceso especial de extinción de dominio, con lo cual se busca dar un golpe certero y fundamental a las redes criminales”, apuntó.
Resaltó que al ser una reforma a la Carta Magna federal deberá ser aprobado el dictamen en sesión extraordinaria, toda vez que actuarán no sólo como legisladores sino como constituyente permanente.
Puntualizó que al ser avalada por el pleno se turnará a la Cámara de Diputados para que esta lleve a cabo el cómputo de las legislaturas que ya aprobaron esta reforma constitucional.
“En el momento en que 17 Congresos locales aprueben la reforma constitucional, se hará al declaratoria formal de que ha sido avalado por la mayoría de los congresos locales y a partir de este momento se estará en posibilidad de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor”, expreso.
Actualmente un total de 13 congresos locales han aprobado esta reforma.
EB