Legisladores del Congreso de la Ciudad de México presentaron ante el pleno proyectos de iniciativas que buscan reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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El diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, propuso la reforma a la Constitución Federal para establecer que el Presidente de la República incurrirá en Traición a la Patria si “durante el tiempo de su encargo se compruebe que cometió delitos de corrupción, electorales, genocidio y graves de orden común en términos del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución”.
El legislador Eleazar Rubio, también de Morena, planteó reformar la Constitución Federal con el objetivo de que los jueces puedan ordenar prisión preventiva oficiosamente en casos de extorsión.
Asimismo, la diputada Yuriri Ayala planteó el derecho de reincorporación al cargo de aquellos agentes del Ministerio Público, peritos o miembros de las instituciones policiales de la federación, entidades federales o municipios, que se compruebe fueron separados de su cargo de forma injustificada.
Proceso al Presidente
El diputado Nazario Norberto Sánchez presentó ante el pleno un proyecto de iniciativa por el que se busca que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reforme el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En comunicado, se informó que la propuesta pretende establecer que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, “podrá ser acusado por Traición a la Patria, delitos por hechos de corrupción, delitos electorales, genocidio y delitos graves de orden común en términos del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución federal”.
Con ello, explicó, se logrará una nueva etapa, en donde la transparencia en los gobiernos sea la que enmarque el derecho de todas y todos los mexicanos a la buena administración por parte de todas sus autoridades, comenzando por el Ejecutivo Federal.
Destacó la importancia de trabajar en construir y diseñar gobiernos “con cero tolerancia a la corrupción, a los desacatos a la impunidad y desde los Congresos debemos sumarnos y generar acciones contundentes que lleven a nuestro país al cumplimiento de este objetivo”.
La iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.
Prisión preventiva
Por su parte, Eleazar Rubio propuso la reforma a la Constitución federal con el objetivo de que los jueces puedan ordenar prisión preventiva oficiosamente en casos de extorsión.
Lo anterior, derivado de que el delito de extorsión es uno de los delitos que ha ido incrementando en los últimos años en la Ciudad de México, y que se practica vía telefónica desde el interior de reclusorios de la capital.
“De igual forma, existen las extorsiones que reciben los dueños de locales o negocios establecidos, gente que tiene su puesto en un tianguis o empresarios a quienes se les amenaza con secuestrarlos a ellos o a sus familiares si no se les paga una cuota a cambio”, detalló.
Recordó que en agosto de 2019, entró en vigor la reforma a diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal, que incrementaron las penas al delito de extorsión, “lo que hace incuestionable que al reformar la Constitución Federal, no se tomaran en cuenta los semáforos delictivos, pues no obstante que el delito de extorsión es delito grave, no fue considerado así por los legisladores federales”.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, y de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y discusión.
Ministerios Públicos y policías
Por su parte, Yuriri Ayala presentó el proyecto de iniciativa que busca modificar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de agentes del Ministerio Público, peritos o miembros de las instituciones policiales de la federación, entidades federativas o municipios, fuera injustificada, el Estado, proceda a la reincorporación al servicio en el cargo que ostentaba el personal antes de ser despedido, garantizando su derecho a la estabilidad en el empleo”.
En tribuna, la legisladora indicó que el proyecto de iniciativa tiene como objetivo garantizar el derecho a la estabilidad en el empleo, reconocido en el artículo 7 del Protocolo Adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
“Con esta iniciativa se pretende eliminar del texto constitucional la restricción absoluta del derecho a la estabilidad en el empleo de este sector de la población, ya que les priva de su garantía a ser reincorporados en el cargo que ostentan, aún en el caso de que una resolución jurisdiccional determine que su despido fue realizado de manera injustificada”, aseguró.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas para su análisis y discusión.
EB