El Congreso del estado tiene como máximo 30 días naturales para votar la iniciativa preferente del gobernador Julio Menchaca Salazar para crear la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo presentada ante el Pleno el 1 de marzo por la Mesa Directiva tras la instalación del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LXV legislatura.
“Le daremos toda la importancia y los trámites legislativos como debe de ser”, aseguró el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, Alejandro Enciso Arellano, luego de que la iniciativa fuera turnada a su Comisión por la presidenta de la Mesa Directiva, Adelfa Zúñiga Fuentes.
La Constitución Política del Estado de Hidalgo establece que el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso del estado, el Ejecutivo Estatal podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen.
Cada iniciativa, precisa la Constitución, deberá ser discutida y votada por el Pleno en un plazo máximo de 30 días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a la Constitución.
Con la iniciativa con carácter de preferente que envió al Congreso local para crear la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, el mandatario estatal plantea modificar la administración estatal con el cambio de denominación de cuatro secretarías, la desaparición de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública y la creación la Unidad de Estrategia, Transformación y Evaluación y la Secretaría del Despacho de la Persona Titular del Poder Ejecutivo.
Así la Secretaría de Finanzas Públicas se convertirá en Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Social en la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial en Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Sostenible y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Se crea la Unidad de Estrategia, Transformación y Evaluación, que sustituye a la Unidad de Planeación y Prospectiva, y le corresponde la instrumentación y operación de la planeación estatal absorbiendo además la algunas de las funciones que correspondían a la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública la cual desaparece de la estructura organizacional.
Además de ella, se crea la Secretaría del Despacho de la Persona Titular del Poder Ejecutivo, la cual, según el argumento del mandatario estatal, buscará dejar un referente histórico en la administración pública hidalguense ya que su diseño institucional tiene la responsabilidad de dar seguimiento a los acuerdos que lleven a cabo las dependencias y entidades de la administración pública.
A la Secretaría de Hacienda se traslada la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, la cual actualmente pertenece a la Procuraduría General de Justicia del Estado, con la finalidad de combatir las estructuras patrimoniales y económicas de la delincuencia que operan con recursos de procedencia ilícita.