De acuerdo a los plazos legales, será hasta dentro de un mes cuando se decida si los ex presidentes son enjuiciados a través de una consulta ciudadana, informó la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Mónica Fernández, quien aclaró que la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La legisladora de Morena calificó como un “hecho inédito” que un presidente sea juzgado por actos de corrupción, “es la primera vez que una materia de derecho nombra a los ex presidentes, se pide un juicio. Estoy segura que esto va a causar derecho, esto va a ser fuente de un nuevo derecho, de nuevas reglas, y que vamos a hacer entre todos. El poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, porque nos va a llevar a hacer un gran análisis de los procedimientos”.
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En entrevista, la ex presidenta del Senado dejó en claro que “no somos nosotros quienes vamos a decidir la constitucionalidad, sino la Suprema Corte, que tendrá que hacer una argumentación en cualquiera de las determinaciones y esto va a sentar los precedentes para que hagamos las adecuaciones legales. Esto es histórico, nunca se había hecho, reconozco un anhelo ciudadano que se concreta desde hace muchos años”.
Confió en que todas las instancias cumplirán con todos los requisitos, “pero definitivamente es una tarea para los tres poderes de la unión en los que tenemos que hacer prevalecer la constitucionalidad”.
Una vez que la Consejería Jurídica de Presidencia entregue el Aviso de Intención, la Mesa Directiva del Senado analizará el documento y, en caso de cumplir con los requisitos, le dará entrada y lo enviará a la Suprema Corte, que tendrá un plazo de 20 días para estudiar el caso.
En caso de acreditar la constitucionalidad, se enviará a la Cámara de origen, en este caso el Senado, que lo turnará a la Comisión de Gobernación donde se elaborará un dictamen.
Posteriormente, se deberá llevar al pleno y se deberá aprobar por mayoría de las dos cámaras, de lo contrario, se archivará como asunto total y definitivamente concluido.
Aprobada la petición, se expedirá la convocatoria de la consulta a través de un decreto y se notificará al Instituto Nacional Electoral (INE) para los efectos conducentes.
De acuerdo a la Constitución, las consultas populares deberán ser realizadas el primer domingo de agosto. Sin embargo, el artículo 8 de la Ley Federal de Correduría Pública señala que esta deberá realizarse el mismo día que la jornada electoral federal. Sin embargo, se propone que sea el primer domingo de agosto, como establece la Carta Magna.
El INE tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular.
AESC