Cuarta transformación no descarta ‘gasolinazos’

La bancada de Morena en el Senado desglosó su agenda de 32 reformas para impulsar la cuarta transformación, que incluyen la creación de nuevas secretarías, como la de seguridad pública, de bienestar y el instituto nacional de pueblos originarios.

Confirmó que va por la eliminación de la figura del arraigo, consolidar la extinción de dominio de bienes (producto de la corrupción), la igualdad de derechos en los matrimonios igualitarios, así como el desafuero presidencial y de funcionarios corruptos.

De acuerdo con la senadora Ana Lilia Rivera, Morena revertirá los contratos que privatizan el agua; sin embargo, no incluyó entre sus compromisos revertir los gasolinazos.

Enlistó las reformas que pretenden votar en esta legislatura: la ley reglamentaria para aplicar en los tres poderes y en todos los niveles de gobierno el artículo 127 de la Constitución, que señala “que ningún funcionario pueda ganar más que el Presidente”; elaborar el proyecto de reforma para terminar con fueros y privilegios para funcionarios; reformar la ley para considerar delitos graves, sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral en cualquier modalidad.

Además la de la paridad entre mujeres y hombres en todos los órganos colegiados, gabinetes, instituciones autónomas y tribunales; la legislación para trasladar el Estado Mayor a la Secretaría de la Defensa, y para revertir el reciente decreto de privatización del agua.

Las diferentes bancadas presentaron ayer sus agendas legislativas sin que haya comisiones para desahogarlas.

Por parte del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín presentó sus temas, entre los que destacó que buscarán sacar sus proyectos de reforma con el convencimiento y la razón, además de que serán vigilantes de que las propuestas sobre políticas públicas tengan viabilidad financiera.

Ayer también se dio cuenta del rezago que dejó la pasada legislatura.

A su vez, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para eliminar la pensiones que reciben los ex presidentes, al afirmar que se erogan más de 200 millones de pesos al año.

Durante la sesión, Verónica Delgadillo dijo que la naturaleza del Acuerdo Presidencial 2763-BIS, que otorga pensiones a los ex presidentes, es “irregular y extralegal”.

Dijo que no basta con prometer que ya no se firmará el acuerdo para cancelar ese privilegio a quienes han sido titulares del Poder Ejecutivo desde hace casi 30 años, sino que se debe establecer en la ley.

En ese sentido, la legisladora propuso adicionar un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución para establecer que los ex presidentes solo gozarán de las prestaciones en materia de seguridad y servicios sociales establecidas.

Explicó que el acuerdo, expedido en marzo de 1987, otorga una pensión equivalente al salario de un secretario de Estado, así como las prestaciones en materia de seguridad social y beneficios de carácter económico, social y administrativo.

“A los ex presidentes se les otorgan 205 mil pesos al mes, se les paga el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, el teléfono, la gasolina, transporte y asesores. En este país los ex presidentes nos cuestan cerca de 200 millones de pesos al mes”, expresó.

La senadora Delgadillo añadió que para que un acuerdo presidencial tenga validez, tiene que ser firmado por el mandatario en turno, por un secretario de Estado y ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.