La diputada Areli Rubí Miranda Ayala y el diputado del Partido del Trabajo (PT), Miguel Ángel Peña Flores, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con el objetivo de garantizar que las obras públicas sean seguras y durables para la utilización de los ciudadanos en el estado.
La iniciativa, enviada la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación, plantea que la Secretaría de Contraloría está facultada para suspender temporalmente el registro de los contratistas cuando el contratista por sí o por interpósita persona estén involucrados en hechos donde se involucren la pérdida de vidas humanas, esto derivado de la construcción de obra pública o servicios relacionados con los mismas donde puedan vincularse a los trabajos, la calidad de los bienes, materiales o servicios provistos.
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“Esta medida tiene por objetivo prevenir y preservar el interés general y la seguridad en las obras que todos utilizamos pues al tener la certeza de que las empresas tienen la experiencia para llevar a cabo obras de tal magnitud y que las mismas no son objeto de investigaciones por estos hechos el Estado tendrá la seguridad de que las obras cumplirán con la solidez y calidad en su construcción así como asegurar que la obra tenga una durabilidad señalada en el contrato y la funcionalidad por ese mismo tiempo”, argumentó el diputado Miguel Ángel Peña desde el Pleno.
Puntualizó que es importante que la autoridad pueda suspender temporalmente el registro de los contratistas si se encuentran sujetos de investigación por hechos donde se involucren la pérdida de vidas humanas.
El legislador enfatizó que la infraestructura pública es esencial para el desarrollo de las sociedades y apuntó que al ser utilizados constantemente por personas, la construcción de edificios, carreteras, puentes, pasos desnivel o infraestructura para el transporte público masivo debe ser perdurable, segura y con los mal altos estándares de calidad.
Explicó que se considera obra pública todo trabajo que tenga por objeto construir, instalar, ampliar, restaurar, conservar, demoler o modificar bienes inmuebles, de infraestructura o servicios públicos que por su naturaleza estén relacionados con la producción, distribución o el bienestar social de la población.
Agregó que la finalidad de la obra pública es la satisfacción o bienestar social de la población, por ello dijo, es necesario poner especial atención a los proveedores de este tipo de servicios.
“Desafortunadamente, la mala supervisión, la falta de experiencia de las constructoras, la avaricia y la corrupción de las personas que intervienen en este tipo de construcciones ha puesto en riesgo constante a los ciudadanos y desafortunadamente algunas han perdido la vida en estas malas construcciones”, aseveró.
Peña Flores recordó que recientemente el pasado mes de abril se suscitó un inédito encharcamiento a la altura de la Colonia 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, sobre la supervía Colosio recién construida donde varios vehículos se vieron afectados por la inundación, “y me refiero a inédita porque como se vieron en las imágenes de diversos periódicos el llamado encharcamiento se dio en una especie de pendiente de los puentes lo que indica una inexperta planeación y deficiente construcción”.
Añadió que en la carretera México-Pachuca, al sur de la capital del estado, a la altura del centro comercial Explanada cada que llueve esta zona se inunda en ambos lados de la carreta lo que provoca congestionamiento vehicular y que los autos floten sobre la carretera.