En sesión ordinaria, integrantes de la LXVI Legislatura avalaron con 23 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones el dictamen que aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica.
¿Qué organismos desparecerán?
Diana Rangel de Morena, dio lectura al dictamen de la reforma constitucional que establece que los organismos autónomos y reguladores que desaparecerán son: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Prisión preventiva oficiosa
También, aprobaron con 23 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones dictamen que prueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con el dictamen, el objetivo es ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y fortalecer la capacidad para proteger a los ciudadanos y garantizar que aquellos que cometen delitos graves enfrenten las consecuencias de sus acciones de manera inmediata.
De igual forman aprobaron por unanimidad, el dictamen que aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública.
Juana Olivia Alarcón Rivera, diputada de Nueva Alianza Hidalgo, leyó el dictamen de seguridad pública con el fin de robustecer el combate a la delincuencia y la reducción de la criminalidad, por lo que resulta necesario el reforzamiento de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objetivo de dotarla de instrumentos jurídicos que permitan su participación efectiva en la investigación de los delitos