Octavio Magaña Soto, integrante de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, señaló que genera dudas que el anterior gobierno estatal haya pagado los últimos tres años el arrendamiento de vehículos a una sola empresa y apuntó que la Secretaría de Contraloría debe investigar el tema, así como a cada uno de los involucrados.
Esto luego de que entre 2019 y 2022, los últimos tres años de la administración estatal de Omar Fayad Meneses, cinco instancias de su gobierno pagaron 198 millones 896 mil 833 pesos por arrendamiento de vehículos y equipo de transporte a una sola empresa beneficiaria de los recursos públicos, Green Movi S.A.P.I. de C.V., originaria de la Ciudad de México.
“La Secretaría de Contraloría tendría qué verlo, cuál fue el procedimiento, cómo se dio la situación de la licitación, cómo se asignó, ver qué servicios daban y qué beneficios tenía el estado al recibir el servicio de una sola empresa”, sostuvo Magaña Soto.
La Oficialía Mayor, el DIF estatal, la Secretaría de Gobierno, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) y Secretaría de Educación Pública estatal pagaron a esta empresa la renta de camionetas, vehículos y unidades de las marcas Ford, Nissan y Volkswagen.
“Aquí se presta a malos entendidos al pagarse a una sola empresa, se tiene que investigar, se tiene que llegar a la causa final del por qué este tipo de cuestiones y se tienen que sancionar”, agregó el diputado local.
Cabe mencionar que, de las cinco instancias, la Oficialía Mayor es la que más recursos pagó a Green Movi S.A.P.I. de C.V. en los tres años finales del anterior gobierno estatal.
A través de cuatro contratos entre 2019 y 2021, la Oficialía Mayor, encabezada por Martiniano Vega Orozco, pagó 176 millones 882 mil 443 pesos para el arrendamiento de 65 unidades modelo Volkswagen Vento Starline, 20 unidades Kia Sorento, 86 unidades Nissan Vera Drive, 17 vehículos utilitarios y 20 unidades Kia Sorento.
“Yo creo que conforme va pasando el tiempo vamos viendo cuál era el tipo de administración que se venía dando; ya lo dijo el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que también los actos de corrupción era un tipo de financiamiento”, refirió Octavio Magaña.
El también coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM en el Congreso del estado, enfatizó que en todos los procedimientos de adquisición del Poder Ejecutivo se tienen que vigilar que exista una disciplina financiera y que en ello exista una competitividad.
“Si se licita a varias empresas y en esa misma competitividad en un lugar gana una empresa, en otro lugar gana otra y así, pero en este tema en particular se presta a malos entendidos que se tienen que investigar y se tiene que sancionar”, insistió.
Finalmente, el legislador local añadió que la Secretaría de Contraloría tiene que llegar a la causa final del por qué se pagó a una sola empresa la renta de vehículos los últimos tres años del anterior gobierno, “se tiene que sancionar en caso de que hubiera habido un tráfico de influencias, licitaciones asignadas con anterioridad, llegar al proceso y posteriormente sancionar”.
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