Con 23 votos a favor los diputados locales aprobaron las reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la diputada Erika Rodríguez Hernández, en favor de los menores que se encuentran con sus madres en reclusión.
Así las autoridades de los centros y establecimientos penitenciarios garantizarán el pleno respeto y protección de los derechos de las niñas y niños que viven con sus madres en situación de reclusión, con la implementación de acciones que permitan y fomenten el crecimiento y desarrollo integral de las niñas y niños.
Las niñas y los niños que sean hijas e hijos de mujeres en situación de reclusión, recibirán una alimentación saludable, educación, vestimenta y atención médica, atendiendo el interés superior de la niñez.
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En tanto los centros y establecimientos penitenciarios deberán contar con espacios físicos que permitan las condiciones de vida que garanticen el sano desarrollo y crecimiento de niñas y niños que viven con sus madres en situación de reclusión.
Las reformas a la Ley establecen que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, por haber nacido o vivir con su madre en algún establecimiento penitenciario, o bien, por circunstancias relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.
Las niñas, niños y adolescentes cuyas madres se encuentren internas en un establecimiento penitenciario tienen derecho a mantener contacto cercano, frecuente y directo con sus progenitoras, al máximo de posibilidades de cada caso y siempre que no sea contrario al interés superior de la niñez.
Asimismo, las niñas y niños cuyas madres hayan mantenido su guarda y custodia dentro de los centros y establecimientos penitenciarios y deban ser separados de las mismas, tienen derecho a que las autoridades penitenciarias garanticen una separación gradual, sensible y progresiva, recibiendo acompañamiento psicológico antes, durante y después del proceso.
De los 12 Centros de Reinserción Social (Ceresos) que hay en la entidad en tres de ellos siete mujeres viven junto a sus hijos e hijas, de acuerdo con el Diagnóstico de los Centros de Reinserción Social de Hidalgo 2022, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).
El penal femenil de Pachuca se encuentran cuatro mujeres con dos niñas de un año, un niño de un año y un niño de cuatro meses de edad; en el Cereso de la Huasteca Hidalguense hay una mujer con un niño; mientras que en el penal de Tulancingo hay dos mujeres con hijos uno de un año y otro niño de meses.
El diagnóstico menciona que hasta el momento no ha sido necesario que salgan con familiares externos y resalta que las internas se encuentran en dormitorios que solo comparten con sus hijas e hijos cada una de ellas.
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