La diputada local Sharon Macotela Cisneros hizo un llamado a las dependencias públicas estatales, municipales y organismos públicos autónomos para hacer cumplir la reforma Constitucional 3 de 3 contra la violencia y no se permita que ocupen cargos del servicio público a quienes seaan deudores alimentarios o aquellos que enfrenten algún proceso de violencia contra las mujeres.
“La situación en la que vivimos no puede pasar desapercibida, la violencia contra niñas y mujeres en cualquiera de sus modalidades y tipos no es un asunto solo de mujeres, sino que es competencia de todas y todos como personas servidoras públicas”, sostuvo.
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Puntualizó que los servidores públicos están obligados urgentemente a reforzar y hacer cumplir los parámetros Constitucionales para erradicar todo tipo de violencia, “hacer justicia y que jamás vuelvan a premiar con cargos de elección popular o cargos de servicio público a las personas violentadoras o incumplidas en sus responsabilidades con las infancias”.
El pasado 29 de mayo el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto que oficializa la suspensión de derechos para ocupar un cargo público en caso de ser prófugo de la justicia, tener sentencia por violencia familiar, sexual o de género así como por incumplir con pensión alimenticia.
De acuerdo con documento publicado en el Diario Oficial de la Federación se establece en el párrafo segundo del Apartado A del artículo 102 y se adiciona una fracción VII al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas no puedan ser registradas como candidatas a cualquier cargo de elección popular ni obtener cargos en el servicio público en tres casos principales.
El primero, estar prófugas de la justicia; el segundo, obtener una sentencia por haber ejercido delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, contra el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y el tercero ser declaradas como deudoras alimentarias.
Cabe mencionar que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, avalada por la Cámara de diputados federales y senadores, entró en vigor a partir del 30 de mayo de este año.
“Exhorto a absolutamente a todas las autoridades que no se solape y que se haga efectiva esta Ley de 3 de 3 para todos aquellos servidores públicos, que se ejecute la ley”, enfatizó Macotela Cisneros ante el Pleno del Congreso del estado.
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