El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Rico Ruiz, presentó una iniciativa con la que busca que se lleven a cabo una serie de reformas a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo, entre las cuales se prevé la creación de un Consejo Consultivo.
Indicó que la iniciativa tiene como objetivo fortalecer los mecanismos que garanticen la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos así como del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo bajo un criterio de colaboración con el que se crea un ente de consulta conformado por organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos y privados de carácter.
La reforma contempla la creación de un Consejo Consultivo, el cual explicó Rico Ruiz será un órgano de consulta de la Junta de Gobierno en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y de salvaguarda de los derechos para el ejercicio del periodismo, cuya integración, dijo, contará con un equilibrio entre personas expertas en la materia, representantes de organizaciones de la sociedad civil así como organismos públicos y privados de carácter nacional e internacional.
Mencionó que en las agresiones se incluyen la moral y la patrimonial o económica. Las agresiones, además de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas, se extienden a su cónyuge, concubina, concubinario, ascendientes o descendientes en línea recta o colateral hasta el segundo grado, dependientes o personas que tengan o hayan tenido relación y convivencia con la misma.
“Igualmente, para configurar lo que son las agresiones, se une a la misma, cuando se violente el derecho humano de libertad de expresión y de defensa de derechos humanos a través de una acción u omisión, censura o represión”, dijo, al tiempo de mencionar que se adecúan los catálogos de medidas de protección con una visión abundante de los principios y criterios que deben preverse.
Agregó que dentro de las medidas de prevención para personas periodistas y colaboradoras periodísticas se incluye el acompañamiento de observadores de derechos humanos y periodistas, la capacitación y formación permanente de las personas servidoras públicas en materia de derechos humanos, perspectiva de género, libertad de expresión y análisis de riesgo y se establece un sistema de alerta digital para que en caso de sufrir amenazas puedan marcar y solicitar apoyo inmediato.
“En lo que respecta dentro de las Medidas Urgentes de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Colaboradoras periodísticas incluyen, además las que se requieran para salvaguardar el patrimonio de los mismos”, refirió el diputado.
Comentó que se agrega al parámetro de objetivos de la Ley, la obligación del titular del Poder Ejecutivo de garantizar los requerimientos técnicos, presupuestales y humanos para su aplicación.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Miguel Ángel Martínez Gómez, turnó la iniciativa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.