Los diputados locales de Morena, Roxana Montealegre Salvador y Ricardo Raúl Baptista González, presentaron nuevamente este lunes la iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Salud para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) con lo que ahora se permitirá hasta las 12 semanas de gestación, además de que deberá ser gratuita en las instituciones públicas; asimismo, disminuye las penas para quien la lleve a cabo fuera del periodo establecido, de seis meses a un año de prisión.
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Reformas al Código Penal
La reforma al Código Penal plantea que el aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Actualmente el Código Penal establece que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.
La iniciativa plantea también la disminución de las penas: se le impondrá de seis meses a un año de prisión y de 10 a 40 días multa a la mujer que cometa el delito de aborto. Igual pena se aplicará a quien haga abortar a la mujer con consentimiento de ésta.
Al día de hoy el Código Penal establece que a la mujer que aborte, interrumpiendo su embarazo o que consienta en que otro se lo interrumpa, se le impondrá de uno a tres años de prisión y multa de 10 a 40 días. Igual pena se aplicará al que haga abortar a la mujer con consentimiento de ésta.
El Artículo 157 del Código Penal señala que a la mujer que se le procure el aborto para evitar la exclusión social o por extrema pobreza se le impondrá pena de prisión de tres meses a dos años y multa de 5 a 25 días, sin embargo la iniciativa plantea derogarlo.
La iniciativa propone que corresponde al Gobierno del estado integrar, dirigir y administrar en forma permanente los servicios médicos que se presten en los centros de reinserción social, incluido el cuidado de la salud materno infantil, la interrupción legal del embarazo y la rehabilitación de la farmacodependencia.
Las reformas a la Ley de Salud
En cuanto a la reforma a la Ley de Salud la iniciativa plantea que las instituciones públicas, privadas y sociales que presten servicios de salud en el estado de Hidalgo deberán proveer el servicio para la interrupción legal del embarazo de forma gratuita y en condiciones de calidad y salubridad que garanticen la dignidad humana de las mujeres en los supuestos permitidos en el Código Penal para el estado de Hidalgo y a solicitud de la interesada, quien deberá cubrir los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables, en el caso de las instituciones públicas, dicho servicio deberá ser gratuito.
El gobierno del estado de Hidalgo tendrá la obligación de proporcionar información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos de la interrupción del embarazo; así como de los apoyos y alternativas existentes, para que se tome la decisión de manera libre, informada y responsable.
De igual modo, las y los médicos a quienes corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y cuyas creencias sean contrarias a tal procedimiento podrán ser objetores de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en la interrupción legal del embarazo, teniendo la obligación de referir a la mujer con un médico no objetor. Cuando sea urgente la interrupción legal del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia.
Los artículos transitorios plantean que el titular del Poder Ejecutivo del Estado en un término que no excederá de 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor del Decreto deberá prever las medidas presupuestales y administrativa necesarias para garantizar el derecho a la interrupción legal del embarazo.