Tras acciones como la vacunación contra el covid-19 a la secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Sonia Ocampo Chapa a quien no le correspondía el biológico pero fue favorecida por el ex director del Hospital General de Pachuca, Mario Alberto Tenorio Pastrana a quien le costó el cargo, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante la Diputación Permanente del Congreso del estado una iniciativa de reforma al Código Penal para es evitar que los servidores públicos saquen ventaja del poder, empleo o cargo que ostenten ante una emergencia sanitaria como la pandemia del coronavirus o cualquier otra situación de emergencia.
“Por estas razones consideramos que es necesario reformar el Código Penal para el estado de Hidalgo con la finalidad de que se castigue a los funcionarios públicos o servidores públicos que, en beneficio propio o de un tercero, utilice su empleo, cargo o comisión pública para acceder con prioridad y ventaja a tratamientos médicos, vacunas o insumos médicos en situaciones de emergencia sanitaria o cualquier otra situación de urgencia”, sostuvo la diputada María Teodora Islas Espinoza, integrante de la bancada del PAN.
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Señaló que actos como el del ex director del Hospital General y la secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud ameritan castigos severos.
“Y no ser condenados solamente como actos inmorales como los calificó nuestro actual Presidente porque se atenta contra de la salud de la mayoría de los hidalguenses que no gozan de posiciones de privilegio que les permitan acceder con prontitud a los tratamientos o vacunas que les ayuden a combatir la covid-19 ya que al cometerse estos actos no solo entorpecen el proceso de vacunación sino que afectan a quienes realmente lo necesitan”, aseveró.
Así la iniciativa plantea que comete el delito de abuso de autoridad, el servidor público que utilice, en cualquier tiempo, las facultades, atribuciones, poder o autoridad inherentes al empleo, cargo o comisión que desempeñe, en beneficio propio o de cualquier otra persona, para acceder con prioridad y ventaja a cualquier tipo de atención médica, tratamiento, vacuna o insumo médico.
Por ello se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y destitución e inhabilitación de cuatro a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Las sanciones se duplicarán cuando la conducta se realice en periodo de emergencia sanitaria.
Espinoza Islas mencionó que los estados que contemplan una pena al que saque ventaja o se aproveche de las atribuciones o facultades del cargo que le fue conferido son Chiapas, Campeche, Jalisco, Estado de México, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.
“Y en esta ocasión pretendemos que Hidalgo se encuentre dentro de las entidades que tienen prevista la pena a estas acciones”, agregó la legisladora de Acción Nacional.
La iniciativa de la bancada del PAN fue turnada por la presidenta de la Diputación Permanente María Luisa Pérez Perusquía, a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis y dictaminación.