Con el fin de atender correctamente el daño ecológico que provocan las baterías al momento de desecharlas, la bancada del PRI en el Congreso local presentó una iniciativa de reforma a la Ley Ambiental del Estado para obligar a las dependencias públicas a tener por lo menos, un contenedor de estos residuos.
- Te recomendamos Coparmex y CIC firman alianza; ahora será a nivel nacional Comunidad
El diputado Álvaro Ibarra, promovente de la iniciativa, explicó que la propuesta pretende fomentar la cultura de la separación de residuos, el cuidado del medio ambiente y cuidar la salud pública con un adecuado tratamiento de pilas, baterías y acumuladores de desecho.
Aunque la iniciativa es para adicionar un artículo 172 Bis 2 a la Ley Ambiental del Estado a fin de involucrar la Administración Pública Estatal, a los municipios, a los Poderes Legislativo y Judicial, lo cierto es que el último pone el ejemplo al estado y a los municipios con una campaña que se ha mantenido desde el 2014.
“En específico existe un problema al que poco se le ha puesto atención y que resulta de gravedad, es el manejo que se les da a las pilas y las baterías, que son consideradas por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, como residuos de manejo especial o bien residuos de manejo peligroso.
“Estos residuos pueden contener sustancias que dañan, en primera, el medio ambiente, el agua e incluso, pueden llegar a dañar a los animales y hasta al ser humano. En este sentido no existe una cultura para la separación y manejo de este tipo de residuos, primordialmente porque no existen muchas opciones para depositarlos, haciendo que las personas los mezclen con los residuos habituales generando un grave problema de contaminación y de salud pública”, aseveró el congresista.
Dicha iniciativa contempla también que los locales comerciales en donde se vendan pilas, baterías o acumuladores, cuenten con un contenedor para este tipo de residuos, que debería ser supervisado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
“Con esta iniciativa buscamos tener beneficios como crear una cultura de separación de residuos y de cuidado al medio ambiente, apoyo de la entidades gubernamentales y poderes del Estado para dicho propósito, que hay empatía en el cuidado del medio ambiente y acercamiento de los ciudadanos con las autoridades para atender, juntos, un problema que nos afecta a todos”, agregó.
Milenio publicó el sábado que profesores universitarios estimaron que, en promedio, una persona puede llegar a utilizar 13 baterías a lo largo del año, entonces si en una casa hay cuatro o cinco habitantes reunirían más de 45 en tan solo 12 meses, que al momento de ser desechadas deberán separarlas de la basura común.
De hecho, si las baterías no son clasificadas al momento de deshacerse de ellas, los materiales que las conforman como el mercurio, cadmio, níquel, litio, manganeso, plomo y zinc terminarían contaminando el suelo o el agua y de manera indirecta llegarían hacia nosotros o a los animales.
El Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas de México (Cceea) publicó que las baterías podrían provocar ceguera, cambios de personalidad, pérdida de memoria, daños en riñones y en pulmones, cáncer e, incluso a altas exposiciones, hasta la muerte.