La diputada local Areli Rubí Miranda Ayala y el diputado del Partido del Trabajo (PT), Miguel Ángel Peña Flores presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales para prohibir la subcontratación de personal bajo la modalidad de outsourcing en las dependencias e instituciones públicas.
Así la iniciativa plantea que se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de las dependencias e instituciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los organismos descentralizados de la Administración Pública así como de los Ayuntamientos del estado de Hidalgo.
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En tanto se permitirá únicamente la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas siempre que el contratista esté registrado en el padrón público como lo establece la Ley Federal del Trabajo.
“Con esta iniciativa se busca empoderar a los trabajadores eliminando toda práctica que lesione sus derechos laborales además de que reducen las obligaciones fiscales y laborales del capital”, sostuvo la diputada Areli Rubí desde el Pleno.
Señaló que de acuerdo con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales el trabajo es un derecho que tiene toda persona para ganarse la vida y a tener acceso a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias y los Estados Parte deben adoptar medidas para garantizar el ejercicio de las libertades económicas fundamentales.
“En este sentido se debe garantizar un salario equitativo, la seguridad y la higiene en el trabajo, la igualdad de oportunidades para que todos puedan ser promovidos, el descanso, el tiempo libre y las vacaciones periódicas pagadas así como la remuneración de los días festivos”, dijo.
Indicó que el trabajo es una condición inherente de la dignidad de las personas y es necesario para poder ejercer otros derechos humanos, “ya que el trabajo es principio de la supervivencia del trabajador, de su familia, de su comunidad y del país”.
Sin embargo, agregó que con el desarrollo de las fuerzas productivas se han generado nuevas relaciones entre el trabajo y el capital y de este modo la subcontratación u outsourcing es una nueva modalidad jurídica de contratación de trabajadores que se caracteriza por el hecho de que una persona física o moral le encarga a otra la prestación de diversos servicios o ejecución de obras por medio de un contrato.
“Hay outsourcings que son serios y respetan a sus trabajadores pero la mayoría son empresas de papel pues cambian de razón social cada año y eso les permite violar los derechos de los trabajadores sabiendo que difícilmente podrán pagar las consecuencias en un juicio laboral”, dijo.
Mencionó que si bien es cierto que la Ley Federal del Trabajo reguló los esquemas de subcontratación éstos fueron poco efectivos para impedir prácticas que afectaron la antigüedad, estabilidad, pago de repartos de utilidades entre otros perjuicios contra los trabajadores.
Puntualizó que los abusos de los esquemas de subcontratación generan que algunos trabajadores tengan salarios precarios, no tengan seguridad social, están registrados con un salario menor ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los contratan y despiden cada mes para que no hagan antigüedad.
“Estos esquemas generan una profunda desigualdad entre los mismos trabajadores que laboran en el mismo lugar e incluso hacen la misma actividad, toda vez que tienen trato y prestaciones muy diferentes, se genera una suerte de empleados de primera y de segunda, los menos favorecidos jamás tendrán el trato y prestaciones que los contratados de manera directa”, aseveró.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Jazmín Calva López turnó la iniciativa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.