Diputados del PRI propusieron reformar diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a situaciones de emergencia o contingencias sanitarias.
La propuesta señala que tanto dependencias como entidades públicas deberán documentar detalladamente las razones y criterios que motivaron la elección de procedimientos de adjudicación directa sobre otros procedimientos de contratación, y que toda la información que se genere al respecto, así como las políticas adoptadas para hacer frente a las situaciones de emergencia y contingencias sanitarias, sean sujeto de obligaciones de transparencia, y no podrán adquirir el carácter de clasificada.
- Te recomendamos Fiscalía de CdMx mantiene oculto avance de investigaciones abiertas en 2014 por Línea 12 Política
Los legisladores priistas destacaron que México ha enfrentado momentos de enormes dificultades, ya sea por desastres naturales que generan situaciones de emergencia nacional, o bien, por la pandemia que actualmente agobia la vida de la población, situaciones en las que son necesarios mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía conocer las políticas públicas que las autoridades desarrollan para atender las emergencias, así como publicitar de manera expedita aquellas contrataciones de bienes y servicios que se requirieron al hacer frente a la situación.
En ese sentido, lamentaron que pese a que todos los procesos de contratación son públicos por mandato legal -máxime que se trata del uso y ejercicio de recursos públicos- el gobierno federal determinó que lo conducente era reservar por cinco años los contratos suscritos con los laboratorios AstraZeneca, Pfizer BioNTech y CanSino Biologics, para la obtención de vacunas contra el covid-19.
“La publicidad de la información satisface el interés público de valorar el desempeño, la eficiencia y la eficacia del actuar del gobierno federal. En mérito de lo expuesto, es claro que toda aquella información inherente a contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios generados con motivo de una situación de emergencia o contingencia sanitaria declarada por una autoridad competente debe ser publicitada; y más importante aún, esta información adquiere el nivel máximo de publicidad, dada la transcendencia en la vida de las personas y el interés público que conlleva”, señalaron.
LP