Carlos Castillo, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción en el Congreso de la Ciudad de México, informó que el Sistema Anticorrupción local estará listo a finales de junio, ya que se tiene trazada una ruta para dictaminar la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.
Tras impartir el taller ¿Qué es y cómo funciona el Sistema Nacional Anticorrupción?, el legislador refirió que luego de la aprobación de esta ley orgánica vendría el nombramiento del fiscal general de Justicia capitalina, y los magistrados en materia de anticorrupción.
“La fiscalía de la Ciudad de México es como una casa que tenemos que construir. El fiscal anticorrupción es parte de esa casa, entonces queremos enmarcarnos en el diseño institucional que está haciendo la fiscalía para que no sea un chipote que le estamos metiendo, sino que sea parte de este rediseño institucional que va a tener la procuraduría al convertirse en fiscalía”, señaló.
Reconoció que el Sistema Anticorrupción tiene retraso de un año porque acusó a la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal no legislar al respecto, por lo que han tenido que trabajar a marchas forzadas.
Consideró que la demora fue porque no se consideró un tema prioritario para los asambleístas el combate a la corrupción, además de que los nombramientos los querían realizar bajo el esquema de “cuotas y cuates”.
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Por su parte, Bernardo Rojas, director general de vinculación interinstitucional del sistema nacional dijo que 22 de las 32 entidades del país tienen completo el sistema local, la Ciudad de México está entre los que no lo han integrado.
Agregó que apenas 24 estados han destinado partidas presupuestales específicas para sus sistemas locales.
Destacó que las modificaciones a las leyes del Sistema Anticorrupción, que analiza el Congreso capitalino, son positivas, pues la legislación aprobada por la ALDF era la que más difería de todas con respecto a la nacional.
Al respecto, dijo se confundían atribuciones y facultades entre los diferentes órganos, restaba concurrencia al Comité de participación ciudadana y dotaba de muchas facultades al secretario técnico.
EB