La consejera Frida Gómez acusó la falsificación de su firma para una supuesta denuncia penal en contra del director de Administración del INE, Jesús Octavio García por irregularidades por 63.2 millones de pesos en contratos para simulacros de la elección presidencial.
MILENIO tiene copia de la supuesta denuncia que se habría presentado ante la FGR a nombre de la consejera y que este miércoles se difundió en los correos de nueve de 11 consejerías. Solo la propia Gómez y la consejera presidenta Guadalupe Taddei no lo recibieron.
El documento de la supuesta denuncia presentada en la FGR aparece el nombre de Frida Gómez acusando "hartazgo" ante una "palpable corrupción" en el INE y enlistando decenas de irregularidades en contratos a cargo de Jesús Octavio García, ex proveedor del propio INE y a quien Taddei impuso en la Dirección Ejecutiva de Administración, y a quien ella misma destituyó. Este viernes es su último día en el cargo.
Con apenas tres semanas en el cargo, Frida Gómez ofreció su primer mensaje como consejera, pero fue para deslindarse de denuncias a su nombre contra el directivo del INE por ejercicio ilícito del servicio público, encubrimiento y cohecho.
"En días recientes ha sido difundido un documento que pretende atribuirme la presentación de una supuesta denuncia ante la Fiscalía General de la República, deseo señalar de manera clara, categórica e inequívoca que dicho escrito no fue elaborado, suscrito, autorizado ni presentado por mi persona, ni por mi oficina.
"Asimismo, la firma que aparece en ese documento es apócrifa y no corresponde a mi puño y letra ni a mi voluntad jurídica, la falsificación de documentos y de firmas pudieran considerarse actos constitutivos de delitos", dijo.
Gómez Puga sostuvo que este hecho busca demeritar su consejería, su trabajo como servidora pública y afectar la confianza pública había su labor, además de atacar la integridad del INE.
Se negó a dar detalles sobre este asunto, pues informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República por este delito.
"En las próximas horas presentaré la denuncia correspondiente ante la autoridad competente por la probable comisión de conductas constitutivas de delitos, por lo que, a razón de cuidar el debido proceso, no puedo en esta ocasión contestar sus preguntas, agradeciendo de antemano su comprensión. Confío plenamente en que las autoridades competentes realizarán las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes conforme a derecho.
"Finalmente, emito un llamado respetuoso pero firme a actuar con responsabilidad en el manejo y difusión de información no verificada, en contextos donde la desinformación puede afectar personas, instituciones y la confianza pública, resultando indispensable privilegiar la verdad, la legalidad y la responsabilidad democrática".
Sin embargo, MILENIO tuvo acceso a la denuncia de la que la consejera se enteró por un correo anónimo que les llegó a sus pares, en donde se enlistan supuestos actos de corrupción al interior del INE en la Dirección de Administración impuesta por la consejera presidenta.
El documento muestra un supuesto sello de acuse de recibido de la FGR a las 11:53 horas del pasado 11 de mayo.
Se centra en acusaciones contra Comercializadora JVLY SA de CV y Formas Finas y Materiales SA de CV por supuestas anomalías señaladas por la Auditoría Superior de la Federación, por haber recibido un contrato de 63 millones para "la impresión, producción y distribución de materiales de simulacro para la capacitación electoral en el proceso electoral 2023-2024" sin que hubiera evidencia de que se prestó el servicio y evasión posterior a los requerimientos de la autoridad para aclarar dichas observaciones.
"Resulta relevante mencionar que, con posterioridad a los hechos originalmente observados por la ASF y una vez que la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, a cargo de Jesús Octavio García González , tuvo conocimiento de las irregularidades detectadas, dicha área administrativa habría emitido respuestas que, lejos de esclarecer plenamente los hechos, podrían evidenciar una actuación insuficiente e incluso ilícita, para proteger el patrimonio del INE, promover la recuperación de los recursos públicos, deslindar responsabilidades o presentar las denuncias correspondientes, tomando en cuenta que existieron omisiones posteriores en la atención, seguimiento, denuncia y recuperación de recursos derivados de las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación.
“Lo anterior resulta especialmente relevante ya que de la auditoria en comento se desprende que, existían observaciones sobre la falta de comprobación del servicio, la dispersión de recursos a terceros no vinculados, la imposibilidad de localizar plenamente al proveedor, inconsistencias fiscales y de seguridad social, así como un probable daño o perjuicio patrimonial por $63,241,392.14 (sesenta y tres millones doscientos cuarenta y un mil trescientos noventa y dos pesos 14/100 M.N.), y a pesar de ello, no se actuó con la debida diligencia exigida por el propio cargo de director ejecutivo de administración del Instituto Nacional Electoral”, dice la supuesta denuncia.
La consejera presentará la denuncia ante la FGR porque no tiene certeza de que ésta se haya presentado, de haberlo hecho, implica el delito de falsificación de su firma, y si dicha denuncia no existe, además implicaría la falsificación del supuesto sello de la FGR para difundir ese documento.
El 28 de abril, Taddei informó que destituiría a Jesús Octavio García a quien ella misma nombró por decisión directa y personal, y que en su lugar designaría a Eduardo Meza Rincón quien entraría en funciones el 16 de mayo, sin embargo, el 7 de mayo revirtió su decisión tras denuncias de dos consejeras por incumplir la paridad en sus designaciones directivas, y cambió el nombramiento por Liliana Díaz de León Zapata quien se estrenará en esta dirección a partir del sábado.
IYC/EHR