El Consejo General del INE reventó este viernes. Un bloque de consejerías acusó públicamente a la consejera presidenta Guadalupe Taddei de abusar de la figura de encargadurías de despacho, de cerrar el diálogo y los consensos, y de, a través de un consejero afín intentar imponer un proyecto “profundamente ilegal” que le da poder unipersonal por encima del Consejo General.
En el orden del día se presentaron dos proyectos, por un lado el del consejero Jorge Montaño para darle a Guadalupe Taddei el poder absoluto de nombrar en direcciones, unidades técnicas y principalmente en la Secretaría Ejecutiva, a quien ella decidiera de manera libre y por consultar del Consejo General sin necesidad de consultarlo. Y por el otro, uno que le impone un ultimátum de 30 días para presentar al Consejo General propuestas competitivas.
El consejero Uuc-kib Espadas “suplicó” retirar lo asuntos porque “serían devastadores” pues criticó que se “eleve el conflicto mayor y público que vivimos el día de hoy al interior del Consejo”, por lo que les pidió no repetir el caos que enfrenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por no saber llegar a consensos.
“La condena a que nuestra incapacidad política se eleve a la decisión que tomaría un Tribunal que hay que decirlo con todas sus palabras, malamente ha podido administrar sus propios conflictos como lo exhiben la sistemática inconclusión de sus presidencias, no debemos de dar ese paso, no debemos de entrar a la confrontación que los dos últimos puntos del orden del día nos plantean.
“Apelo a la madurez personal, a la estatura política y al compromiso democrático no para pedir, no para solicitar, sino para suplicar en nombre de la compleja democracia mexicana que nos hemos construido a lo largo de ya 46 años, suplico a los proponentes que los retiren del orden del día a fin de que no cerremos este año en medio del más grande conflicto interno que este instituto haya podido enfrentar”.
El consejero Jorge Montaño aceptó y retiró el proyecto que proponía darle poder absoluto a la consejera presidenta del INE, sin embargo, el segundo bloque se negó a retirarlo pues acusó que Guadalupe Taddei ha cerrado el diálogo y ha impuesto perfiles provisionales por más de seis meses, sin buscar consensos.
El consejero Jaime Rivera señaló que las siete vacantes en la Junta General Ejecutiva se derivan no sólo “por la voluntad” de las personas de dejar el cargo, “sino por las presiones directas o indirectas” para que renuncien o incluso “por condiciones inadecuadas generadas a su entorno” para impedirles ejercer el cargo.
Por lo que defendió que el proyecto que proponen “responde a hechos que son innegables y que no deben seguir eludiéndose” pues es necesario tener la estructura electoral completa en el proceso electoral en curso.
“El hecho principal es la prolongación de una situación irregular en la conformación de la estructura ejecutiva del instituto, es irregular porque lo excepcional y provisional se ha vuelto práctica habitual y con pretensiones de permanencia, me refiero a las encargadurías de despacho cuando el titular o la titular de un área ejecutiva técnica que requiere nombramiento del Consejo General se cubre con una decisión prevista en las atribuciones de la presidencia del Consejo mediante nombramiento por excepción provisional de un encargado de despacho”.
Rivera acusó que “la consejera presidenta ha utilizado en exceso esa previsión legal y reglamentaria, el carácter provisional es por lo menos dudoso, ha faltado diálogo y sin duda, consensos”.
Y acusó que el proyecto que buscaban imponer “tenía la intención de concentrar el poder unipersonal y eso va contra todo el diseño institucional y legal de decisiones colegiadas, esa propuesta de facultar por encima del reglamento y por encima de principios de colegialidad, otorgarle a la consejera presidenta nombrar libremente a quien desee en cargos tan importantes como la Secretaría Ejecutiva es contrario a la ley y para mí, es inaceptable”.
La consejera Dania Ravel celebró y reconoció que Jorge Montaño retirara su proyecto pues lo calificó de “profundamente ilegal” y de tener la intención de evadir consensos con el Consejo General. Y exhibió que Taddei ha impuesto a los mismos perfiles que las consejerías han rechazado, como encargadurías de despacho por decisión unilateral, manteniéndolos al frente de varias áreas por más de medio año.
“Hemos tenido experiencias no gratas donde se han puesto a consideración de las y los consejeros electorales y cuando no hay consenso, al día siguiente aparecen como encargadas de despacho a través de un oficio, es evidente que se busca evadir los consensos para que personas encargadas de despacho se queden en direcciones y en la Secretaría Ejecutiva. Era completamente ilegal lo que se proponía”.
Aseguró que por el contrario, el proyecto que propone otro grupo d consejerías busca respetar las atribuciones del Consejo General para deliberar en reuniones y acuerdos, el análisis de perfiles que sí sean “sólidos y profesionales” para asumir las direcciones de la autoridad electoral.
No lo comparto, lo que propones es un llamado a romper la legalidad
En contraste, la consejera presidenta Guadalupe Taddei no respondió a estas acusaciones en la aprobación del orden del día, pero adelantó que no acompañará este proyecto porque es un llamado a romper la legalidad.
“Debo de agradecer profundamente el gesto de colaboración del consejero Jorge Montaño al escuchar con atención la propuesta dl consejero Uuc-kib, me sumo a esa propuesta y agradezco.
“Así como hay valoraciones iniciales tendré que decir que no puedo acompañar tampoco el 31 porque es una invitación flagrante a romper el orden constitucional, este consejo no tiene atribuciones para ir normando y regulando asuntos más allá de lo que está regulado, salvo omisiones de carácter legislativo y en este momento no estamos en esa situación. Reconozco lo que cada uno ha establecido, no lo comparto, por supuesto, porque el 31 es un llamado a romper la legalidad que nos ocupa”.
Este proyecto que se votará al final de la sesión de este viernes, plantea darle 30 días para que presente propuestas competitivas que serán sometidas a consideración del Consejo como indican las normas internas y legales, para que en 2024, se tenga la estructura electoral completa.
LG