El consejero Arturo Castillo hizo un llamado a todas las autoridades involucradas en la elección judicial a su asuman su parte de corresponsabilidad, pues consideró que no se lo están tomando con la seriedad que amerita un proceso inédito, y el costo de esas decisiones las tendrá que asumir la ciudadanía con filas más largas el día de la votación.
Aunque el consejero Castillo participó en la conferencia de prensa encabezada por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, al término de ésta, dio un nuevo posicionamiento al considerar que el INE sí debe ser más tajante ante la falta de corresponsabilidad que han demostrado las autoridades en el tema presupuestal pero también en el legal y de organización.
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“Lo planteo a título personal porque no había una decisión del colegiado para posicionar este tema (en la conferencia con Taddei), pero insistí tres veces en un llamado a la corresponsabilidad de todos los Poderes de la Unión y de todas las autoridades involucradas en hacer posible que la reforma al Poder Judicial salga bien.
“Es una reforma constitucional de un calado gigantesco y de dimensiones históricas, y necesitamos que todas las autoridades que tienen un papel en la implementación de esta reforma, ya sea de ejecutar, de quitar obstáculos, de aprobar presupuesto y de hacer que las cosas funcionen y salgan bien, esto le corresponde al país entero”.
El consejero recordó que el Poder Legislativo no respondió a las necesidades económicas y de tiempo, ni el Poder Judicial apoyó al INE en las cientos de suspensiones judiciales que siguen arrastrando y acumulando, por lo que insistió en que el INE busca cumplir con su deber constitucional, pero requiere el compromiso de todas las autoridades involucradas.
“Lo que ha pasado en este ejercicio de responsabilidad es que nosotros solicitamos una prórroga porque teníamos 59 días detenidos por cientos de amparos y se nos fue negada; solicitamos una excitativa de justicia ante la Suprema Corte, y se nos fue negada; solicitamos un presupuesto en un ejercicio de responsabilidad para organizar una elección como las que conocemos desde hace 30 años, y también se nos fue negado.
“¿En dónde está entonces la corresponsabilidad de todos los actores que tienen una participación en que esta elección y en que la renovación del Poder Judicial salga bien?, todos queremos que esto salga bien, todos queremos que la elección judicial salga bien, y todos queremos que el Poder Judicial quede correctamente integrado. Me parece que por lo menos no se lo están tomando con la seriedad que amerita el caso”.
Recalcó que el costo de ignorar las peticiones del INE tendrá que asumirlo la ciudadanía en la jornada electoral, y ventiló que así se lo hicieron saber a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
“Eso es importante, se lo comentamos algunas autoridades con las que platicamos sobre este tema, como la secretaria de Gobernación, por ejemplo, no sé si Rita Bell y Norma de la Cruz se lo comentaron a los diputados, pero reducir el presupuesto de un ejercicio electoral de este tamaño tiene sus costos y uno de los actores en este proceso que asume ese costo es la ciudadanía.
“Porque si vamos a instalar centros de votación como se está empezando a perfilar, un ciudadano no va a tener su casilla como está acostumbrada a tenerla a unas cuantas cuadras, también tenemos un reto logístico importante, menos casillas implica filas más largas, con boletas mucho más complejas y que la ciudadanía desconoce”.
Castillo aprovechó para una vez más, aclarar ante las imprecisiones de legisladores, cuál es el comparativo real entre lo que costó la elección federal de 2024 y lo que solicitaron para la elección judicial de 2025, que no es de 20 mil cargos en todo el país, pues esto implica todos los niveles de gobierno, sino que el INE sólo se hizo cargo de 629 federales y el próximo año serán 881.
Pero además, el consejero exhibió sólo con el caso de cargos nacionales, como se dispara de un cargo presidencial por el que votó la totalidad de los electores que asistieron a las urnas, a 16 para el próximo año, que elegirá toda la ciudadanía, esto, sin contar los demás cargos según el distrito de cada persona.
“Sólo en elección judicial es una diferencia de casi el 40 por ciento. Pero además, los cargos federales que se renovaron nacionales fue solamente uno, la Presidencia de la República, y en el caso de la elección judicial son 16: nueve ministros, cinco integrantes del Tribunal de Disciplina y dos magistrados de la Sala Superior, es muchísimo más grande.
“Y el número de boletas, la elección que acaba de pasar, tuvo tres boletas federales: Presidencia, diputaciones federales y senadurías; y la elección que viene tiene seis, es el doble de material electoral, estamos hablando de algo muy importante. Más el número de candidaturas potenciales a renovar que es significativamente mayor para las elecciones federales que acaban de pasar, porque fueron básicamente tres, dos de coaliciones y una de un partido”.
En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se renovará todo el pleno ahora con nueve integrantes: cinco ministras y cuatro ministros, la reforma judicial prevé hasta 81 candidaturas en comparación con la Presidencia de la República que tuvo sólo tres, al igual que en la mayoría de las senadurías y diputaciones federales, con excepción de aquellas entidades o distritos en los que los partidos de coalición postularon por separado.
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