Seis consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) expusieron sus razones para presentar una controversia constitucional en contra de las reformas a dos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“En efecto, desde nuestra perspectiva, le dan atribuciones por una parte a la presidencia del Consejo General y por otra parte a la Junta General Ejecutiva; ponen en riesgo las garantías constitucionales de certeza, independencia, imparcialidad y máxima publicidad”, indicó el consejero del INE, Arturo Castillo, en entrevista para MILENIO Televisión con Roberto López.
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“La propuesta fue avalada por seis de las once consejerías y lo que procedería a continuación es que la Secretaría Ejecutiva, en tanto representante legal del Instituto, presente la controversia en los términos ordenados por el propio acuerdo”.
Agregó que la Constitución y la ley ya han sido modificadas, y actualmente es norma vigente la elección del Poder Judicial Federal.
Hasta la fecha, hay 244 suspensiones que impiden alcanzar la implementación de estas reformas. El artículo 107 de la Constitución establece que incumplir con las suspensiones es un amparo es un delito.
“Constitucionalmente inviable suspender la organización del proceso electoral, pero que también deja intocados los amparos”, explicó.
El consejero subrayó que está contradicción sólo puede ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia (SCJN), ya que es “la única autoridad facultada para resolver el destino final de todos estos amparos y suspensiones que se han dictado en la materia”.
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