El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que no habrá una sola vía jurídica a la que no recurran para defender la autonomía y profesionalización del organismo si el llamado Plan B de reforma electoral se aprueba, pese a las inconstitucionales y violaciones a derechos que los propios senadores han reconocido.
En conferencia de prensa, el consejero presidente Lorenzo Córdova dio a conocer un posicionamiento respaldado por las y los consejeros del INE, así como por el secretario General Ejecutivo, de quien la reforma ordena su cese inmediato.
“De ser el caso, el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del INE y para seguir garantizando elecciones libres y auténticas, como lo mandata la Constitución”, indicó.
Córdova Vianello reiteró, una vez más, el ofrecimiento de proporcionar toda la información que el Senado requiera para lograr una reforma sin inconstitucionalidades ni retrocesos, y dimensionando las complicaciones que implicaría la reforma en el sistema electoral y democrático.
“No demos por sentado que esta reforma ya se aprobó, esperemos que el Senado corrija, el Senado puede enmendarle la plana a la Cámara (de Diputados). Hoy se puede salvar la constitucionalidad de la reforma. Confiamos en que depuren y eliminen constitucionalidades y riesgos y así no tendremos que presentar ninguna acción jurídica.
“El proceso legislativo está en curso y la gran cantidad de contravenciones constitucionales es lo que ha llevado al Senado a no resolver. Se han identificado cuestiones de inconstitucionalidad y están revisando resolverlas. Por eso, el tono con el que hoy estamos saliendo no es de confrontación, es de llamado a salvaguardar procesos electorales ciertos, confiables y que han permitido la alternancia. Lo que ofrecemos es que el proceso legislativo se haga bien”, comentó.
Insistió en que esperarán a que el Senado atienda este llamado, pero insistió en que, de aprobarse con cambios contrapuestos a la Constitución , “no habrá una sola vía jurídica en el INE que no se tome”. Incluso, advirtió que si hay otras acciones de inconstitucionalidad o juicios adicionales “nos presentaremos como terceros interesados”.
Agregó que si bien “aquí no se van a alentar, se van a respaldar las decisiones de cada trabajador. Empezando por el secretario Ejecutivo, que su nombramiento es constitucional y él y otros podrán prestar todos los recursos porque tiene un compromiso con esta institución, juicios jurídicos y o juicios de agravios laborales”.
Por ello, aprovecharon para hacer un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que afronte y haga respetar la Constitución.
“Quiero citar al ministro que frente a quienes afirmaban que también la Corte sucumbiría en la llamada ley Televisa dijo ‘no saben de lo que estamos hechos los ministros de la Corte’. Yo quiero pensar que no sabemos de lo que están hechos los ministros de la Corte y harán valer la Constitución”, dijo Córdova.
Mientras el consejero José Roberto Ruiz pidió a las y los ministros “que imaginaran o pensaran que de un día para otro les dicen que el 84 por ciento de sus jueces de distrito se van, o que de un día para otro les desaparezcan la Judicatura, entonces, no verán que es menor lo que se está proponiendo”.
Reforma pone en peligro elecciones y viola derechos laborales
En el posicionamiento conjunto, el Consejo General del INE sostuvo que la democracia vive momentos cruciales, pues esta reforma “podría trastocar profundamente el sistema electoral”, que hoy garantiza elecciones libres y que renovación de los poderes públicos se dé en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática.
“Como consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, manifestamos nuestra preocupación, tanto por el contenido de las reformas que están discutiéndose en las Cámaras del Congreso de la Unión, como por el desarrollo del proceso legislativo.
A pesar de que lo ofrecimos en reiteradas ocasiones, el INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma. Al INE no se le pidió información, diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos.
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“Consideramos que la reforma produciría un efecto regresivo, contrario al principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente, y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral. Hacemos un llamado a las legisladoras y legisladores a analizar con profundidad los impactos. En el INE reiteramos nuestra disposición a sostener las reuniones de trabajo que se consideren adecuadas y a colaborar para que una eventual reforma sirva para mejorar el sistema que hoy tenemos”, agregó.
En este sentido, enlistaron los principales puntos en los que coincidieron, “las deficiencias de la reforma ponen en peligro la operación de los procesos electorales”, comenzando por la falta de consenso, la eliminación de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales que pone en riesgo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas, los cómputos de votos y el monitoreo de estaciones de radio y televisión, la fiscalización de partidos y de campañas y otras obligaciones, como combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Además de reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral que, en números concretos, dejan 396 de las dos mil 571 plazas, “lo que impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6 por ciento de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera” y que viola derechos laborales al “despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía”.
“Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la credencial para votar con fotografía”, indicaron.
Respecto a cómo se elimina la figura de la Junta General Ejecutiva, para sustituirla por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeras y consejeros, esto “desnaturaliza la función de dirección” de las consejerías y las implica “en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección. Además, incorpora a esa comisión al Órgano Interno de Control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica, que supone sólo una función fiscalizadora y no sustantiva”.
En cuanto a los procesos electorales, señalaron que compactar los calendarios con la alteración de procedimientos, como el de la selección del funcionario de las mesas de casilla, que reciben y cuentan los votos, “es una alteración conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que, hasta ahora, han permitido elecciones libres y auténticas”.
“Nos están obligando a experimentar en 2024”
Cada consejera y consejero expusieron los puntos que les preocupaban sobre esta reforma, donde el consejero Uuc-kib Espadas cuestionó a las personas que aspiran a la contienda presidencial, si han evaluado los riesgos que esta reforma implica para el proceso electoral del 2024.
“Lo que se está haciendo hoy es obligar a experimentar con una nueva y frágil estructura en una elección presidencial que promete ser, como son las elecciones presidenciales en nuestro país, una elección difícil, tensa y probablemente polarizada. ¿En verdad alguien puede afirmar que la nueva y frágil estructura puede ser comparable con esta de los últimos ocho años? Y si no le sirve a la sociedad, ¿a quién le sirve?, ¿le sirve realmente a quienes hoy aspiran a ese cargo?
“¿En verdad un precandidato puede preferir que su elección se haga en este sistema frágil y vulnerable y que no puede garantizar plenamente el proceso orgánico, incluyendo la instalación de casillas?, ¿algún precandidato presidencial quiere hoy que no se instalen las casillas en su casi absoluta totalidad?, ¿debe someterse a la República a un riesgo como este? Hay muchas respuestas que no tengo, pero para esta sí la tengo: no, no sirve”, advirtió.
El consejero Martín Faz calificó esta reforma como “una espada de Damocles sobre el personal que estaría trabajando en Coahuila y Estado de México”, pues no tendrán certeza de qué pasaría con sus trabajos una vez que concluya este proceso.
Asimismo, criticó la propuesta de que los centros de atención del INE pasen a espacios públicos, sin que se contemplen las características que requieren, pues “no son posibles de llevar a un cuartucho o a un cuartote”.
LP