Consejeros electorales advirtieron que la puerta abierta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el INE realice la revocación de mandato con menos casillas de las establecidas por la ley, podría marcar un precedente para claudicar en la calidad y certeza que exigen los procesos electorales, bajo un pretexto presupuestal.
En entrevista con MILENIO, integrantes del Consejo General que votaron tanto en contra como a favor de posponer las actividades de revocación de mandato en 2022 hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resuelva de fondo la controversia constitucional impuesta por el INE, coincidieron en que reducir casillas violando la Ley de Revocación de Mandato, podría ser una salida de emergencia, pero establecería un precedente de consecuencias no menores.
Reducir casillas llevará a mismas críticas que en consulta popular: Dania Ravel
La consejera Dania Ravel, quien votó a favor de la posposición, expuso que de entrada, reducir las casillas llevará a las mismas críticas que se lanzaron contra la autoridad electoral en la consulta popular para el
esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados y nuevamente, por falta de presupuesto.
“Lo ideal es sí hacer una primera renovación de mandato tal cual como lo desprende la ley, creo que se puso así la cantidad de casillas porque cuando se hizo la consulta popular fue menor el número de casillas y eso fue porque no había presupuesto. Derivado de esa experiencia, el legislador impuso un número específico que ahora también por falta de presupuesto no se puede cumplir.“El INE, como siempre, va a hacer su mejor esfuerzo, con el número de casillas que se determinen y va a garantizar la certeza y la participación efectiva, para que nadie se quede con ganas de participar. Pero si se instalan menos casillas, la consecuencia evidente es que van a estar más lejos”.
Revocación sí se puede hacer diferente “pero eso es claudicar” a lo establecido por la ley: Zavala
Claudia Zavala, quien también estuvo a favor de posponer las actividades, dijo que la revocación sí se puede hacer diferente “pero eso es claudicar” a lo establecido por la ley y sería un mal comienzo para este primer ejercicio de democracia participativa el cual es “la otra cara de la elección presidencial”, para definir si el Presidente de la República debe continuar o renunciar.
“No se puede bajar el estándar establecido por el propio legislador. Pensemos en el precedente que se va a fijar. En la democracia, la inversión se justifica por la certeza que se va a dar en el proceso y en los resultados”.
Para que INE tome la propuesta de AMLO se requiere una autorización de la Corte: Espadas
En lo que coincidió Uuc-kib Espadas, a pesar de que el pasado viernes, votó en contra de que el INE suspendiera las actividades, pues coincidió en que la propuesta de López Obrador de instalar sólo las casillas para las que alcance el presupuesto actual de mil 500 millones de pesos, sería “una salida si no hubiera más remedio, pero con consecuencias no menores.
“Reducir las condiciones que establece la ley, sembraría un precedente que llevaría a pensar que todo se puede hacer con menos presupuesto, como pensar que la elección presidencial del 2024 se puede hacer con menos casillas. Y para que el INE tome la propuesta del presidente se requiere una autorización judicial de la Suprema Corte”.
El consejero Martín Faz, quien también rechazó la posposición de actividades, consideró que reducir la dimensión de la revocación de mandato es “la postura más sensata” ante la carencia presupuestal, aunque no la que se hubiera deseado porque así no se prevé en la ley.
Mientras la consejera Carla Humphrey, del mismo grupo que rechazó el acuerdo, insistió en que más que reducir casillas, existen varias actividades en las que se pueden reducir los costos, cumpliendo con los estándares de calidad que marca la ley, pero aterrizando que no se trata de una elección.
“Me parece una buena idea lo que señaló el Presidente, sin embargo, la ley indica que tienen que ser las mismas casillas que el pasado proceso electoral y nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir la ley pero abaratar. No es una elección y hay cuestiones de la LEGIPE que se pueden modificar”.
Tanto los y las consejeras que votaron a favor del proyecto como los votos en contra, coincidieron en que el acuerdo avalado por mayoría de votos el pasado viernes es un acto de autoridad ya tomado y que hasta este momento, sólo puede cambiarse no por la postura del Presidente de la República sino por una orden jurisdiccional, que deberá tomar en primera instancia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y después la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la última palabra.