La construcción de la Línea 12 del Metro ha estado marcada por litigios que derivaron de las acusaciones del Gobierno del Distrito Federal (GDF) contra los responsables del proyecto de la obra y por supuestos incumplimientos de contrato con las empresas constructoras.
Incluso, en 2015 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a Interpol la emisión de una ficha roja para localizar y detener al ex director general del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, así como al ex director de Construcción de Obras Civiles, Moisés Guerrero Ponce, y al ex subdirector de Obras y Apoyo del Proyecto Metro, Sergio Aguirre Mendoza.
Lo anterior, por las órdenes de aprehensión que obtuvo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por parte del juez Quinto Penal de Delitos No Graves, quien también solicitó detener a Juan Armando Rodríguez Lara, quien se desempeñó como director general de Administración de Proyecto Metro; Juan Manuel Martínez Juárez, subdirector de Costos y Concursos del Proyecto, y Abraham Vizcarra Baltazar, ex jefe de Unidad Departamental de Concursos.
Los litigios escalaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero en 2018 la Primera Sala desechó el amparo de Enrique Horcasitas, con lo que quedó firme la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que confirmó su inhabilitación por 20 años para ejercer cualquier cargo público y una sanción de 7 millones 800 mil 130 pesos.
En octubre de 2015, la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México determinó que Horcasitas fue el principal responsable de las fallas y construcción de la Línea 12 del Metro que corre de las estaciones Tláhuac a Mixcoac.
Enrique Horcasitas fue designado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, para llevar a cabo la construcción de la Línea Dorada.
El Tribunal de lo Contencioso resolvió que Enrique Horcasitas era responsable de los desperfectos en la citada línea del Metro porque no supervisó las tareas que realizaron el director de obras civiles del Proyecto Metro, ni las de los subdirectores de Obras de Apoyo Técnico y de Obra Civil “B”.
Los ex servidores públicos tuvieron que ver con la autorización de un contrato que se firmó para supervisar la construcción de la Línea 12 del Metro, por los que se pagaron 7 millones 800 mil 130 pesos.
Empresas
Dos años antes, la Primera Sala de la Corte determinó no ejercer su facultad de atracción para conocer el caso donde el Gobierno del Distrito Federal impugnó el amparo que obtuvo el consorcio ICA-Carso-Alstom, resolución que evitó que pagara una sanción de más de 2 mil 177 millones de pesos por las fallas en la construcción de la Línea 12.
El gobierno capitalino encabezado por Miguel Ángel Mancera pretendió que un ministro de la Corte hiciera suya la petición de atracción.
La petición ante la Corte fue interpuesta por la entidad del gobierno capitalino “Proyecto Metro de la Ciudad de México” en noviembre de 2015, pero fue desechada por carecer de interés legítimo.
Este era el último recurso que tenía el gobierno local para recuperar parte de los recursos invertidos en la Línea 12, la cual en esa época tuvo que permanecer sin servicio por más de 20 meses, debido a las fallas provocadas por su mal diseño.
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