Sin denuncias en la Fiscalía de Delitos Electorales previo a Consulta Popular

A través de la consulta se le preguntará a la población si quiere que se someta a juicio o no a los expresidentes de la República Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto

INE, consulta popular
Alejandro Reyes
Pachuca /

A seis días de que se lleve a cabo la consulta popular para preguntar a la ciudadanía si quiere que se lleve a juicio a los últimos cinco expresidentes de la República, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que no se ha iniciado ninguna denuncia por delito electoral.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que a quien durante el procedimiento de consulta popular haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada de consulta popular en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo se multará con 50 a 100 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y prisión de seis meses a tres años.

Además quien obstaculice o interfiera el escrutinio y cómputo de la consulta popular, introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más papeletas utilizadas en la consulta popular o bien introduzca papeletas falsas; y quien solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa para emitir su voto o abstenerse de emitirlo en la consulta popular o durante el procedimiento de consulta popular, se le aplicará la misma pena.

Sanciones para servidores públicos

En tanto, el servidor o servidora pública que durante el procedimiento de consulta popular coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por una opción dentro de la consulta popular será multado de 200 a 400 días de UMA y prisión a de dos a nueve años.

La misma pena se aplicará para quien condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de una opción dentro de la consulta popular.

¿Qué pretende la Consulta Popular?

A través de la Consulta Popular, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 1 de agosto, se le preguntará a la población si quiere que se someta a juicio o no a los expresidentes de la República Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

La pregunta que se hará a la ciudadanía en la Consulta Popular es: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Así se busca llevar a juicio al expresidente Ernesto Zedillo por el Fobaproa, al expresidente Carlos Salinas por el fraude electoral de 1988, al ex presidente Enrique Peña Nieto por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al expresidente Felipe Calderón por narcogobierno y al expresidente Vicente Fox por Atenco.

Para la consulta se quiere la participación a nivel nacional del 40 por ciento del padrón electoral, es decir 37 millones de votos pues así lo estableció el Instituto Nacional Electoral (INE) mientras que en Hidalgo se necesitan 900 mil sufragios.

De acuerdo con Mariana Zapata Romero, integrante del Comité Nacional de la Consulta Popular #JuicioSíImpunidadNo y responsable de la consulta en Querétaro, Michoacán e Hidalgo, en el estado se tiene contemplada la instalación de aproximadamente mil 362 mesas de casillas.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales explicó que la consulta popular es el mecanismo de participación ciudadana por el que la población ejerce su derecho a través del voto para expresar su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.

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