El 1 de agosto se realizará la consulta popular en el país, en la que la ciudadanía elegirá si está a favor o no para enjuiciar a actores políticos del pasado —inicialmente ex presidentes— como planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Ley Federal de Consulta Popular señala que la consulta popular es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional de competencia de la Federación.
El resultado de la consulta popular es vinculante para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Federal, así como para las autoridades competentes cuando la participación total corresponda, al menos al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
Intentos de consultas populares en México
En México, la Ley Federal de Consulta Popular fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de marzo de 2014. No es la primera vez que en México se solicita una consulta popular, pues en ese año se presentaron solicitudes para este ejercicio democrático.
El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió del Partido de la Revolución Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) cuatro solicitudes de consulta popular para verificar que cada una cumpliera con los requisitos marcados por la ley.
Consultas popularesPartidos políticos
El tema era la discusión sobre la reforma energética, salario mínimo y los diputados plurinominales en donde se señalaron cuatro planteamientos:
“¿Estás de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27, y 28 de la Constitución en materia energética?” (Promovida por el PRD)
¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?” (Promovida por Morena)
“¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinado por el CONEVAL? (Promovida por el PAN)
“¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales?” (Promovida por el PRI)
El documento La Consulta Popular en México: Experiencias en 2014, de Carla Angélica Gómez Macfarland, señala que para en los 30 días naturales estipulados por la legislación de estas consultas, fue necesario contratar a más de 17 mil personas, adaptar espacios y adquirir infraestructura, lo que significó un gasto de 30 millones de pesos.
Los informes que se generaron por el INE fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria por la Mesa Directiva de la cámara correspondiente y, a su vez, la petición se envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resolviera sobre la constitucionalidad de la consulta. Sin embargo, el máximo tribunal del país resolvió que cada consulta era inconstitucional.
AMLO y el juicio a ex presidentes
En septiembre de 2020, el mandatario propuso ante el Senado realizar una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si querían una investigación contra los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con López Obrador, entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, tiempo en que gobernaron dichos ex presidentes, "México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza".
El Presidente planteó que el 6 de junio pasado, durante la jornada electoral se preguntara a la gente:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
El 25 de septiembre de ese año, el mandatario aseguró en La Mañanera que la consulta sobre juicio a ex presidentes desde el periodo de Carlos Salinas de Gortari no violaba ninguna garantía ni los derechos humanos de los implicados porque no hay juicios sumarios ni procesos extra judiciales.
No obstante, el caso generó polémica en materia judicial y violación de derechos al decirse que había una serie de inconstitucionalidades en el proceso y en la pregunta, por lo que el asunto tuvo que ser atraído por la Suprema Corte.
Y es que a decir del Presidente, "llevar a cabo una consulta no significa violar ninguna garantía, al contrario es darle al pueblo su libertad para ejercer la soberanía y no es violatorio de derechos humanos porque se tiene que llevar a cabo en el caso de que los ciudadanos decidan que se inicien los procesos o continúen los procesos en contra de los ex presidentes, no hay juicio sumario, no hay una vía extrajudicial".
El 1 de octubre la SCJN declaró constitucional la consulta popular sobre el juicio a actores políticos, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, modificó la pregunta original para la consulta que se realizará el primer domingo de agosto de 2021.
El pleno del máximo tribunal del país quitó los nombres de los cinco ex presidentes de la República de los períodos 1988 a 2012 (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) y lo reemplazó por “actores políticos”, Por lo que la pregunta fue cambiada por:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Aunque la consulta popular fue planteada por López Obrador para hacerse en la jornada electoral, algunos políticos de oposición se manifestaron contra ello y señalaron que hacer tal ejercicio era una estrategia política para Morena, partido que llevó al triunfo al mandatario, y así aventajar en los resultados de los comicios de 2021. Fue entonces que se decidió aplazarla para el 1 de agosto.
El 27 de abril pasado, con 91 votos en favor y 24 en contra, el Senado de la República aprobó, en lo general, la minuta que envió la Cámara de Diputados para actualizar la Ley Federal de Consulta Popular con las reformas constitucionales en esta materia.
El proyecto de decreto establece que las consultas populares podrán ser anuales y llevarse a cabo el primer domingo de agosto; además el INE será el encargado de la promoción y difusión de estos ejercicios de democracia participativa.
Posteriormente, se determinó que desde el 15 de julio y hasta el 1 de agosto habrá veda en los tres niveles de gobierno por la consulta popular para enjuiciar a actores políticos del pasado.
Derivado de la reforma al artículo 35, apartado I, fracción VIII, apartado 4º y 5º, de la Constitución Política publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre de 2019, el INE tiene como atribución la organización, difusión, desarrollo, cómputo, y declaración de resultados de las Consultas Populares, las cuales se realizarán el primer domingo de agosto.
De acuerdo con el INE, la papeleta que recibirás en tu mesa receptora de opinión de la consulta popular el 1 de agosto contendrá la pregunta aprobada en la convocatoria emitida por el Congreso de la Unión, cuadros para marcar si estás o no de acuerdo y una breve descripción del tema.
La consulta popular que organiza el INE este 2021 fue solicitada por el Presidente y, de acuerdo con la ruta legal, la Suprema Corte se encargó de revisar su constitucionalidad, pero además, reformuló la redacción de la pregunta; mientras que el Congreso aprobó la convocatoria.