Exige diputado de NL utilizar dinero de Consulta en la compra de vacunas

La Consulta Popular costará a los mexicanos 528 millones de pesos, según información del propio Instituto Nacional Electoral.

Foto: Especial
Eduardo Mendieta Sánchez
Monterrey /

El diputado federal del PAN por Nuevo León, Eugenio Bueno Lozano, exigió este miércoles que en lugar de destinar recursos a la Consulta Popular, el presidente Andrés Manuel López Obrador debe dirigirlos para comprar una dosis mayor de la vacuna contra el covid-19.

El legislador albiazul presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y aseguró que el Gobierno Federal no puede seguir con su estrategia fallida de combate al coronavirus y menos desperdiciar dinero en una Consulta Popular que a nadie beneficiará.

La consulta costará a los mexicanos 528 millones de pesos, según información del propio Instituto Nacional Electoral, agregó el diputado panista, en donde además se instalarán alrededor de 60 mil casillas receptoras.

Sostuvo que desde el pasado 23 de diciembre a la fecha México ha recibido 73.7 millones de dosis contra el covid-19, pero inexplicablemente se reporta únicamente el 16.5 por ciento de la población mexicana con el esquema completo de vacunación.

“Si hay elementos para iniciar un procedimiento de carácter administrativo o penal, el Gobierno no tiene porqué preguntar a los mexicanos si queremos que se aplique la ley, es un hecho que cualquier mexicano quiere que se haga justicia y se aplique la ley cuando se conoce de un hecho delictivo”, dijo.

Actualmente el país enfrenta una tercera ola de infectados por covid-19 y el titular del ejecutivo federal ha decidido realizar una Consulta Popular con el riesgo de aumentar la propagación de contagios, denunció Bueno Lozano.

El diputado federal del PAN dijo que la consulta es un mecanismo de participación ciudadana, pero que la pregunta formulada violenta los derechos humanos de los afectados, esto de conformidad con lo establecido en la Constitución General de la República, que establece que no podrán ser objeto de Consulta Popular la restricción de derechos.

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