Con la aclaración que no forma parte del Presupuesto 2024, Beatriz Camacho Carrasco, presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), reveló hoy que se requieren 80 millones de pesos para realizar la consulta popular que el gobernador Samuel García Sepúlveda está solicitando para saber si interviene o no en la elección del fiscal General.
Al termino de la Comisión de Presupuesto, en la mesa de trabajo Eje 3 Buen Gobierno en el Congreso local, la funcionaria electoral manifestó que si se resuelven los asuntos jurídicos en tribunales, la consulta que solicitó el Ejecutivo estatal se realizaría el próximo domingo 4 de agosto del 2024.
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“Tenemos contemplada la consulta del gobernador, no tenemos respuesta clara, pero si se va a realizar pues lo veremos. Esa del fiscal no la tenemos contemplada, pero la del fiscal serían 80 millones de pesos lo que se tendría contemplado como extra”.
“Esto incrementa porque no es durante la jornada electoral cuando se lleva sino hasta el 4 de agosto y hay que hacer de nuevo toda la instalación de mesas, casillas y pagarles a representantes, entre otras cosas”, señaló.
Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, dijo que no era necesario etiquetar el recurso en el Presupuesto 2024, debido a que la Constitución local faculta al Congreso para elegir al próximo fiscal general.
“La verdad es que desconozco si es necesario porque lo más importante es que ya están representados todos los ciudadanos de Nuevo León en este Congreso a través del voto popular y de la representatividad de cada uno de los diputados”.
“La Constitución es muy clara, habla de que el Congreso determina quién es el fiscal general, será prácticamente echar a la borda 80 millones de pesos que se pueden gastar en temas de materia de seguridad”, afirmó De la Fuente.
El 23 de febrero pasado, García solicitó formalmente al IEEPCNL la realización de una consulta popular, “en su modalidad de referéndum”, para que sea la sociedad quien decida si el Ejecutivo local puede “intervenir en el proceso para la designación del fiscal general del estado”.
En el oficio de petición, a cuya copia tuvo acceso la plataforma MILENIO-Multimedios, el mandatario estatal plantea al organismo electoral que este caso sea considerado “como una cuestión trascendente” que requiere ser sometida a dicho referéndum y que en su caso, con base en la Ley de Participación Ciudadana, se notifique del proceso al Tribunal Superior de Justicia local.
La plataforma MILENIO-Multimedios reveló el 2 de octubre que el estado de Nuevo León cumplió un año sin la designación formal de un fiscal general de Justicia, pues el Gobierno del Estado y el Congreso local mantienen una pugna de Poderes y no perfilan al nuevo titular del órgano.
Además, el 13 de octubre pasado, en atención una sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEE) pidieron al Tribunal Superior de Justicia pronunciarse exhaustivamente sobre la consulta popular que el gobernador Samuel García Sepúlveda está solicitando para saber si interviene o no en la elección del fiscal General.
Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral declararon parcialmente fundados los agravios que el gobernador reclamó respecto a que el Poder Judicial no se pronunció del precedente que estableció la Corte en el proceso de consulta popular del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre si se debía enjuiciar o no a los ex Presidentes de la República.
El IEEPCNL tiene contemplada la consulta popular de San Pedro y esta costará 20 millones de pesos.
mrg