Un juez federal ordenó al Gobierno de la Ciudad de México que active el Programa de Contingencias Atmosféricas Ambientales (PCAA) cuando los límites de contaminación alcancen más de 100 y no 150 puntos de ozono o de partículas suspensidas, siempre y cuando la medida no afecte la economía.
- Te recomendamos Pide Sheinbaum a juez ser “sensible” en tema ambiental Política
En la resolución, el juzgador consideró que las autoridades podrán negarse activar la contingencia cuando exista riesgo económico para el sector industrial, manufacturero y comercial, de servicios, tanto públicos como privados, de transporte, de educación en todos sus niveles y en general de la población.
El fallo fue emitido por el juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió una suspensión definitiva a la organización ambientalista Greenpeace.
Aunque el juez reconoció la necesidad de que se modifiquen los parámetros del Índice de Calidad del Aire y entrada en vigor de la NOM 172 de Semarnat, para mejorar la protección a la salud de los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, también protegió que se ponga en riesgo a otros sectores con las declaratorias de contingencia.
Por su parte, Greenpeace informó que ante la emergencia de la calidad del aire que se vive en la zona metropolitana del Valle de México, sería una irresponsabilidad de las autoridades priorizar la economía antes que la salud de la gente.
“Cabe recordar que en México, 17 mil personas mueren al año a causa de padecimientos relacionados con la contaminación del aire, mientras que en términos económicos, este problema representa el 3.2% del PIB anual. Confiamos en que las autoridades aplicarán estas medidas en favor de la salud de la población y no tratarán de evadirlas argumentando afectaciones a la economía, como lo permite el fallo”, detalló la organización.
Asimismo, hicieron un llamado a los estados de Puebla, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala, para que sumen para resolver el problema de la calidad del aire.
“Tal como Greenpeace solicitó desde un principio, los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, están obligados a mejorar la protección a la salud de los ciudadanos, a través de la mejora a la calidad del aire”, apuntó.
Greenpeace manifestó estar satisfecho con la resolución, que favorece la aplicación de normas que protegen mejor la salud de la población y seguirá trabajando para garantizar que los gobiernos de todos los niveles, atiendan su responsabilidad de mejorar la calidad del aire que todos respiramos.
“En este sentido, el amparo 937/2019, hoy confirmado por el Poder Judicial, busca que el Programa de Contingencias Atmosféricas Ambientales, establezca que éstas se decreten a partir de los 100 puntos de Ozono, Monóxido de Carbono y partículas suspendidas PM2.5, en lugar de a los 150 puntos, como acordó recientemente la Comisión Ambiental de la Megalópolis”, añadió.
VJCM