La secretaria de la Contraloría del gobierno mexiquense, Hilda Salazar Hill, pidió a las y los legisladores tener dientes para lograr mejores resultados en el control interno y combate a la corrupción para sancionar faltas graves, pues actualmente la ley solo les permite castigar faltas no graves y, cuando se trata de conductas de mayor peso, los casos se deben turnar al Tribunal de Justicia Administrativa.
“No contamos con dientes suficientes para poder sancionar faltas graves; solicito y pido que nos puedan apoyar con darnos esos dientes para dar mejores resultados”, dijo durante su comparecencia en el pleno del Congreso mexiquense, por la glosa del tercer informe de labores de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Buscan garantizar el derecho humano
Ante los cuestionamientos del futuro de la transparencia en el Estado de México, la contralora dijo que esta no es una tarea que haya pedido la dependencia; es un mandato que tiene origen precisamente en el Poder Legislativo y en la armonización con la legislación federal, donde su principal objetivo es garantizar el derecho humano al acceso a la información pública y promover la rendición de cuentas.
Indicó que las y los trabajadores serán liquidados como corresponde y que esto le toca a la Secretaría de Finanzas, por ser un órgano autónomo y tal como lo establecen los transitorios, el plazo máximo para la transición del Infoem al órgano descentralizado denominado Transparencia Mexiquense.
A partir del 1 de octubre comenzaron a trabajar desde que entró en vigor el decreto, creando la comisión de transición que está conformada por personal de Finanzas, la Consejería Jurídica, la Oficialía Mayor, la Contraloría y el INFOEM.
Aclaró que la transparencia no se ha detenido y en promedio al día reciben 100 peticiones. Lo único que tienen detenido es la resolución de recursos, donde la ley les da 90 días, pero están trabajando, tratando de acortar esos términos para no seguir acumulando más trabajo.
Por otra parte, dio a conocer que la Contraloría también es auditada, fiscalizada y revisada para garantizar la legalidad.
“Desde que llegué he dado la instrucción de que, trate de quien sea, se inicie la investigación y que se tiene que sancionar a ese servidor público”.
Enfatizó que la Contraloría tiene las puertas abiertas e invitó al Congreso a establecer mesas de trabajo para ahondar en el trabajo que llevan a cabo, donde llevan 2 mil 438 personas sancionadas, de las cuales mil 365 fueron con amonestaciones; 470 con suspensiones temporales de hasta 30 días, 12 destituciones, 591 inhabilitaciones, en su mayoría de casos por incumplimiento de manifestaciones de bienes.
Infoem, el común denominador
Durante la ronda de preguntas, la perredista Araceli Casasola Salazar cuestionó que se sigue percibiendo la corrupción en la entidad y que esto profundiza la desigualdad porque cada peso que se desvía daña al erario. Además, pidió conocer qué resultados han dado en el combate a la corrupción y, en específico, a cuántos funcionarios de la administración de Alfredo del Mazo han metido a la cárcel.
De MC subió a la tribuna Lilia Urbina Salazar; se enfocó en el tema del Instituto de Transparencia, pidió conocer cómo se garantiza el respeto a los derechos de quienes trabajaban en el Infoem, la estrategia para respetar los derechos de quienes trabajaban en el Instituto.
Del PRI, Mercedes Colín Guadarrama también se refirió a la desaparición del Infoem. Preguntó cómo garantizar que el gobierno no sea juez y parte en la transparencia y por qué se desecha una de cada tres denuncias presentadas. Y Alejandra Figueroa Adame, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, cuestionó quién revisa que el trabajo que hace la Contraloría sea imparcial y totalmente legal.
Del PT, Yareli Esparza Acevedo pidió conocer qué mecanismos especializados aplican para dar seguimiento a las observaciones que hacen a las instancias públicas. En tanto, el morenista Román Cortés Lugo pidió conocer los mecanismos preventivos para fortalecer el control interno y los resultados de las auditorías de los programas sociales.
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