Tras abordarse este jueves en transición el tema de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la titular de la dependencia, María de Lourdes Williams Couttolenc, reveló que ya investigan de oficio la presunta licitación amañada en el Isssteleón donde incurrieron presuntamente dos sobrinos del ex secretario general de Gobierno, Manuel González.
Lo anterior surgió a pregunta expresa del equipo de transición del gobernador electo, Samuel García Sepúlveda, sobre si se estaba investigando algo en este caso.
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"Con relación al tema que surgió esta semana del Isssteleón, ¿tiene usted alguna denuncia o tiene conocimiento de algún hecho en este momento?", cuestionó el equipo de Samuel.
A lo cual, la funcionaria respondió que giró instrucciones para que ese caso sea investigado de oficio.
"No, sin embargo nosotros tenemos la función de iniciar procedimiento por auditoría, por renuncia o por oficio y, en este caso, ya giré las instrucciones para iniciar la verificación correspondiente", refirió la funcionaria.
Pero el equipo de Samuel insistió al preguntar si hubo un "testigo social" a la hora de la licitación para saber cuál es su testimonio de los hechos.
"¿No hay alguna observación del testigo social en sus expedientes, en el informe que emite?", cuestionaron.
Situación que la funcionaria estatal aseguró no tener conocimiento.
"De ese caso en específico no te podría decir en este momento, pero lo recordaría si lo hubieran hecho", contestó Williams Couttolenc.
El tema salió a relucir luego de que el martes pasado en la transición del Isssteleón se revelara un litigio que enfrenta la paraestatal con presuntos sobrinos de Manuel González, ex secretario general de Gobierno.
De igual forma, se dio a conocer que el litigio surge toda vez que uno de los sobrinos se inconformó ante un tribunal, luego de que se le rescindiera el contrato como proveedor del Isssteleón por presuntamente incumplir en el servicio.
Dicha situación se encuentra hoy en día en que si el tribunal le da la razón a los sobrinos de Manuel González, éstos podrían acceder a una indemnización de 520 millones de pesos por habérseles rescindido dicho contrato.