Juan Manuel Batres Campos, presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, expresó que los rectores presupuestales al Poder Judicial de la Federación ponen en riesgo no solo la impartición de justicia, sino la legalidad de las elecciones de 2024.
“La Confederación rechaza los recortes al presupuesto del Poder Judicial, ya que no se puede hablar de un avance en el país sino hay justicia”, señaló.
Consideró que el contexto actual refiere que solo el 1 por ciento de los delitos se persigue, por lo que debilitarlo presupuestalmente afectará no solo a jueces, magistrados y ministros, sino a las víctimas y a quienes claman justicia.
La Cámara de Diputados pretende realizar un recorte de entre 15 mil y 25 mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación, un recorte que podría representar el 31% del presupuesto que tuvo en 2023, dijo que el presupuesto propuesto por el propio Poder Judicial representaba apenas un incremento del 4% en términos reales para 2024.
“Hay que precisar que no nos oponemos a una mejora en el gasto, nos manifestamos para que se haga un análisis profundo de rubros donde el Poder Judicial podría generar economías o reorientar el gasto de manera más eficiente como lo mandata el artículo 134 constitucional. Pero tenemos claro que una cosa es optimizar el gasto y otra -muy distinta- asfixiar a un Poder por cuestiones políticas”.
Batres Campos señaló que la Coparmex se vislumbra que con estos recortes presupuestales se afectaría el ya de por sí complejo funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que es la instancia encargada de sancionar a los impartidores de justicia que realizan mal su trabajo o cometen algún acto indebido.
Además se pondría en riesgo la certidumbre jurídica de la elección en 2024, ya que otra instancia afectada sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en un momento clave de la historia del país. En 2024 se renovarán más de 20 mil puestos de elección popular; entre ellos, la Presidencia de la República, 9 gubernaturas, 128 senadores, 500 diputados, ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades.
“A nivel nacional la exigencia de Coparmex es establecer un presupuesto responsable, por supuesto que debe haber mayor eficiencia en el gasto, deben evitarse gastos superfluos; sí, hay áreas de mejora en el presupuesto del Poder Judicial, pero eso no justifica pretender dejarlo inoperante”, concluyó.